Y allí está el error. Porque una nación no expulsa a millones de personas sin alterar su mercado laboral, su estructura familiar, su capital humano, su base fiscal, su cultura política y su futuro. Antes de discutir cómo traer gente de vuelta, hay que responder una pregunta más difícil y más importante: cómo gobierna un país a su población dispersa sin confundir protección, vínculo y retorno.

Problema a revisar

La política de diáspora fracasa cuando se deja encerrada en un solo aparato del Estado. Si se la reduce a Cancillería, se vuelve trámite. Si se la reduce a política social, se vuelve asistencia. Si se la reduce a empleo, se vuelve intermediación laboral. La diáspora exige otra cosa: una arquitectura de gobierno capaz de coordinar protección, vinculación y retorno. Ese es el problema institucional que debe resolver este post.

La experiencia comparada es bastante clara. La OCDE sostiene que los programas de retorno y reintegración funcionan mejor cuando existe coordinación entre instituciones del país de origen, actores territoriales y socios externos, y cuando las responsabilidades no quedan dispersas sin mando ni solapadas sin criterio. La OIM va en la misma dirección: la reintegración sostenible requiere un enfoque integrado, porque combina dimensiones económicas, sociales y psicosociales y no puede ser gestionada sólo desde una oficina migratoria o diplomática. (oecd.org) (iom.int)

Para Venezuela, ese punto es decisivo. Si ya se ha aceptado que la diáspora no equivale sólo a retorno, entonces también hay que aceptar la consecuencia institucional: ninguna sola entidad puede cargar con todo el problema. Protección documental y legal, empleo, reintegración escolar, vivienda, salud, redes profesionales, coinversión y reconexión cultural no pertenecen al mismo tipo de aparato. La política correcta no consiste en escoger una oficina y darle el tema. Consiste en construir un sistema con mando, funciones separadas y ventanillas claras.

La foto completa

Conviene poner orden. La política de diáspora tiene al menos cinco frentes operativos:

Primero, documentación y protección.
Pasaportes, registros, partidas, apostillas, orientación legal, defensa consular y relación del ciudadano con el Estado fuera del país.

Segundo, retorno y reintegración.
Empleo, ingresos, homologación de estudios, cupos escolares, apoyo psicosocial, vivienda, salud y reubicación territorial.

Tercero, vinculación productiva y profesional.
Cámaras de comercio, coinversión, redes científicas, emprendimiento, mentoría, cooperación universitaria y plataformas de talento.

Cuarto, articulación territorial interna.
Municipios receptores, gobiernos regionales, escuelas, hospitales, oficinas de empleo, vivienda y servicios sociales.

Quinto, financiamiento y cooperación.
Multilaterales, asistencia técnica, plataformas internacionales, cooperación bilateral y blended finance.

Ese mapa permite ver por qué Cancillería sola no basta. Un consulado puede documentar, orientar o proteger. No puede por sí solo crear empleo, asignar cupos escolares, financiar vivienda, certificar títulos o montar una red nacional de reintegración. Tampoco un ministerio social puede asumir la defensa documental y jurídica del venezolano fuera del país. El problema obliga a repartir funciones, pero bajo una conducción central clara.

Qué suele entenderse mal

El primer error es creer que “el tema lo lleva Exteriores”. No. Exteriores es parte del sistema, pero no puede ser el sistema entero. La experiencia española ayuda a fijar esta idea. El Plan de Retorno a España articuló 50 medidas impulsadas por 10 ministerios y otras administraciones. Eso muestra una lógica importante: el retorno serio no se organiza desde un escritorio diplomático, sino desde una coordinación interadministrativa. (ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es)

El segundo error es creer que basta con crear una agencia nueva y ponerle un nombre atractivo. No. Una agencia sin competencias claras, sin coordinación con ministerios y sin anclaje en el centro de gobierno puede convertirse en una caja de anuncios o en una oficina más. La literatura sobre reintegración sostenible insiste en que el valor de una entidad especializada depende de su capacidad para articular instituciones, no sólo de existir formalmente. (oecd.org)

El tercer error es el inverso: pensar que como el tema es transversal no hace falta una cabeza. Eso también fracasa. Cuando todos participan pero nadie manda, el resultado es dispersión.

La lección comparada útil

España aporta una primera lección institucional: el retorno funciona mejor cuando se trata como política coordinada entre varias carteras. Irlanda aporta otra lección, distinta pero igualmente útil: la diáspora puede ser tratada como parte estructural de la política exterior y del proyecto nacional. El Departamento de Asuntos Exteriores irlandés lanzó Global Ireland – Ireland’s Diaspora Strategy 2020-2025, y la presenta como una estrategia nacional de relación con la diáspora, no sólo como un conjunto de trámites consulares. Lo transferible al caso venezolano no es copiar el formato, sino entender que la diáspora necesita rango estratégico, no sólo atención administrativa. (dfa.ie)

Tomás Páez aporta aquí una lectura venezolana útil: la diáspora debe ser pensada como actor de reconstrucción, no sólo como pérdida. Esa visión obliga a una consecuencia institucional concreta: si se quiere que la diáspora sea parte de la reconstrucción, la política correspondiente no puede quedar arrinconada ni en la lógica humanitaria ni en la lógica consular. Debe entrar al centro del diseño estatal. (dialnet.unirioja.es)

Qué debe mandar y cómo

La propuesta de este post es concreta.

Venezuela debe crear un Sistema Nacional de Vinculación, Retorno y Reintegración con conducción desde el centro de gobierno.

No se propone un superministerio. Se propone una arquitectura de funciones.

1. Centro de gobierno

Debe fijar prioridades, coordinar ministerios, ordenar secuencia y asegurar que la política de diáspora no quede subordinada a urgencias parciales. Su función no es atender casos individuales ni emitir documentos. Su función es mandar, coordinar y evaluar.

2. Cancillería

Debe concentrarse en protección, documentación, red consular, registros, defensa básica de derechos y diplomacia pública. También debe alimentar el sistema con información sobre perfiles, demandas y localización de comunidades venezolanas en el exterior.

3. Agencia Nacional de Vinculación y Retorno

Debe ser la pieza ejecutiva del sistema. Sus funciones deberían incluir:

• ventanilla única nacional;

• programas de retorno y reintegración;

• conexión con talento y redes de diáspora;

• coordinación con empleo, educación, salud y vivienda;

• articulación con multilaterales y cooperación.

4. Ministerios sectoriales

Cada uno debe tener funciones precisas:

• Trabajo: inserción laboral, certificación, rutas de empleo;

• Educación: equivalencias, cupos, nivelación, integración escolar;

• Salud: cobertura puente y atención prioritaria;

• Vivienda: alquiler subsidiado, reubicación y vivienda temporal;

• Educación superior / ciencia: programas de vinculación de talento.

5. Gobiernos regionales y municipales

Son indispensables porque la reintegración ocurre en territorios concretos. El retorno no se absorbe en Caracas; se absorbe en escuelas, hospitales, oficinas de empleo, barrios, municipios y ciudades receptoras.

Qué debe hacer este sistema

El sistema debe poder hacer cinco cosas que hoy no pueden hacerse bien desde una sola institución.

Primera: distinguir perfiles.
No es lo mismo un niño que regresa desde Brasil, una enfermera en Madrid, un emprendedor en Bogotá o una familia vulnerable que vuelve sin base económica.

Segunda: ofrecer rutas diferenciadas.
Protección para el que sigue fuera. Reintegración para el que vuelve. Vinculación para el que puede aportar desde fuera.

Tercera: operar con una ventanilla única.
El ciudadano no debería recorrer seis ministerios para entender qué puede hacer o qué le corresponde.

Cuarta: coordinar financiamiento externo.
Gran parte de esta política requerirá apoyo de multilaterales y cooperación. Eso exige una entidad con capacidad de interlocución y de armado programático.

Quinta: medir resultados.
No basta con contar retornados o documentos emitidos. Hay que medir permanencia, empleo, escolarización, homologaciones, tiempos de trámite y calidad del servicio.

Recomendación

Venezuela debe sacar la política de diáspora del limbo institucional.
La solución no es dejar todo en Cancillería.
La solución tampoco es crear una agencia sin poder real.
La solución correcta es un sistema con conducción desde centro de gobierno, Cancillería como brazo de protección, una agencia ejecutiva para retorno y vinculación, y ministerios sectoriales con responsabilidades definidas.

Ésa es la única forma de evitar dos fracasos a la vez: el de la dispersión y el de la concentración improductiva.

Conclusión

La diáspora no necesita sólo atención: necesita mando institucional. Si nadie coordina, todo se fragmenta. Si todo queda en una sola institución, todo se atasca. La experiencia comparada muestra que la política eficaz de retorno y vinculación es interadministrativa, no consular en sentido estrecho. Para Venezuela, la conclusión es inequívoca: la política de diáspora debe tener rango de Estado, conducción política clara y una arquitectura capaz de unir protección, vinculación y reintegración bajo un mismo sistema. (ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es) (dfa.ie)

Lectura breve: Tomás Páez, La voz de la diáspora venezolana. Vale la pena porque ayuda a entender la diáspora no sólo como consecuencia del colapso, sino como actor social, económico y cultural con potencial para la reconstrucción del país. Su valor está en que traduce un fenómeno que muchos venezolanos viven en clave íntima a una escala nacional y estratégica.

Problema a revisar

El venezolano suele ver la diáspora como una suma de historias familiares: padres lejos, hijos fuera, remesas, nostalgia y espera. Esa percepción es real, pero no alcanza para diseñar política pública. La diáspora no se gobierna con una sola política de “retorno”.

Se gobierna con tres políticas distintas, aunque coordinadas:
protección, para quienes seguirán fuera;
vinculación, para quienes pueden aportar desde fuera;
y retorno con reintegración, para quienes sí volverán.

La OCDE, al estudiar programas de reintegración sostenible, insiste precisamente en que el retorno no puede medirse sólo como traslado físico: debe evaluarse por inserción económica, inclusión social y estabilidad en el tiempo. Esa idea ordena bien el caso venezolano: volver no es llegar; volver es poder quedarse sin caer en precarización.

La foto completa

El primer error conceptual es pensar que toda diáspora es homogénea. No lo es. La diáspora venezolana está compuesta por trabajadores informales, profesionales calificados, niños escolarizados en otros idiomas, empresarios, técnicos, familias partidas y jóvenes que ya hicieron su socialización básica fuera de Venezuela. Una política seria no puede tratarlos como un solo grupo.

El segundo error es imaginar que el único valor de la diáspora está en las remesas o en el eventual retorno físico. Tampoco. La diáspora es, al mismo tiempo, población vulnerable, red global, reserva de capital humano, tejido familiar transnacional y plataforma potencial de reconstrucción. Esa mirada ya estaba presente en el trabajo de Tomás Páez, que insistió en tratar la diáspora venezolana no sólo como prueba del colapso, sino como actor de reconstrucción. Ese aporte importa porque mueve el debate del duelo a la estrategia.

El tercer error es creer que, si cambia el país, la gente vuelve automáticamente. La experiencia comparada no dice eso. La literatura técnica sobre retorno y reintegración muestra que el regreso depende de una combinación de seguridad, empleo, vivienda, escuela, acceso a salud, documentación y horizonte de estabilidad. Cuando esas condiciones no existen, el retorno tiende a ser parcial, pendular o fallido. La OCDE y otros marcos de reintegración sostenible coinciden en ese punto.

Qué se entiende mal

La confusión principal es mezclar protección, vinculación y retorno.

Protección significa otra cosa:
documentación, servicios consulares, registro civil, orientación legal, defensa básica de derechos, voto exterior y relación estable con el Estado venezolano para quien sigue viviendo fuera.

Vinculación significa algo distinto:
redes profesionales, comunidad científica, cámaras de comercio, coinversión, cultura, Marca País, cooperación universitaria, mentoría, filantropía y participación pública sin necesidad de regresar.

Retorno significa una tercera cosa:
empleo, ingreso, escuela, equivalencias, salud, vivienda, apoyo psicosocial, reunificación familiar e integración territorial.

Cuando estas tres dimensiones se meten en una sola bolsa, la política pública se vuelve confusa. Si todo se diseña como retorno, se abandona a millones que no volverán pronto. Si todo se diseña como vínculo abstracto, se deja sin apoyo al que sí regresa. Si todo se reduce a protección consular, se pierde la dimensión productiva y de reconstrucción nacional. La primera tarea de esta serie, por tanto, es separar bien el problema.

Por qué esto importa para la reconstrucción

Importa por cinco razones.

Primera: porque la diáspora altera la demografía efectiva del país. Venezuela no perdió sólo población; perdió parte de su base laboral, profesional, técnica y reproductiva. Esa realidad cambia cualquier cálculo sobre mercado laboral, educación, salud, vivienda y crecimiento.

Segunda: porque alteró la estructura familiar. Hay hogares transnacionales, niños criados con otros referentes lingüísticos y culturales, abuelos convertidos en cuidadores, padres que sostienen familias a distancia y vínculos de pertenencia partidos entre dos o más países.

Tercera: porque alteró la geografía del talento. Parte del capital humano venezolano ya trabaja, estudia, emprende o investiga fuera. Una política seria no puede apostar sólo a “repatriarlo”; también tiene que aprender a conectarlo.

Cuarta: porque alteró la experiencia comparada del venezolano con el Estado. Millones de venezolanos han vivido bajo otros sistemas escolares, sanitarios, laborales y administrativos. Eso significa que la relación futura entre ciudadanía y Estado venezolano estará marcada por comparación, no sólo por memoria.

Quinta: porque la diáspora es ya un dato de legitimidad nacional. Un proyecto de reconstrucción que ignore a millones de venezolanos fuera del país nace estrecho.

El comparable útil

España ofrece una lección institucional concreta. No porque sea comparable a Venezuela en colapso o escala, sino porque entendió algo básico: el retorno no es un trámite; es una política pública interadministrativa. El Plan de Retorno a España reunió 50 medidas impulsadas por 10 ministerios, con cooperación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ésa es la parte transferible al caso venezolano: no el contenido exacto, sino la lógica de sistema. El retorno serio no se improvisa en un consulado ni se delega a un solo ministerio. Se organiza como política coordinada.

Eso es clave porque ayuda a desmontar otro malentendido venezolano: creer que este tema pertenece sólo a Cancillería. No. Cancillería es necesaria, pero insuficiente. Una política nacional de diáspora toca trabajo, educación, salud, vivienda, banca de desarrollo, identidad digital, registros civiles, universidades, gobiernos locales y cooperación internacional.

Qué proponemos

La propuesta central es categórica:

Venezuela debe abandonar la idea de una política única de retorno y adoptar una política nacional de diáspora con tres carriles simultáneos: protección, vinculación y retorno.

Eso implica, en términos operativos:

1. Reconocer jurídicamente la política de diáspora como política de Estado.
No como programa temporal ni sólo como agenda consular.

2. Crear una arquitectura institucional diferenciada.
Cancillería para protección y documentación.
Una agencia o sistema interministerial para retorno y reintegración.
Mecanismos específicos para vinculación productiva, académica y empresarial.

3. Segmentar a la población objetivo.
No es lo mismo un retornado vulnerable, un niño que vuelve desde Brasil, una médica en Madrid, un emprendedor en Bogotá o un investigador en Boston. La política debe reflejar esa diferencia.

4. Separar instrumentos.
Protección consular para el que sigue fuera.
Redes y programas de conexión para el que aporta desde fuera.
Empleo, escuela, salud y vivienda para el que regresa.

5. Medir resultados distintos.
En protección: documentación, tiempos de trámite, cobertura y acceso.
En vinculación: redes activas, coinversión, convenios, mentorías, proyectos.
En retorno: empleo, permanencia, matrícula escolar, acceso a servicios y estabilidad del hogar.

Recomendación

La política venezolana de diáspora debe dejar de hablar en singular. No existe “la” política correcta si no se distingue primero qué problema se quiere resolver.
Si el problema es desprotección en el exterior, la respuesta no es retorno.
Si el problema es pérdida de talento, la respuesta no es sólo repatriación.
Si el problema es reintegración del que vuelve, la respuesta no es sólo discurso patriótico.

La recomendación de este post es inequívoca: primero clasificar bien el fenómeno; después diseñar instrumentos específicos para cada carril. Eso ordena todo lo que viene después en la serie.

Conclusión

El error venezolano sería construir una política de diáspora basada sólo en la idea de “volver”. Esa visión simplifica un fenómeno complejo, deja fuera a millones y haría fracasar la reintegración de quienes sí regresen. La conclusión correcta es otra: la diáspora debe ser tratada como sistema. Protección para el que sigue fuera. Vinculación para el que puede aportar desde fuera. Retorno con reintegración para el que vuelve. Cuando un país entiende esa diferencia, deja de administrar su dispersión como pérdida y empieza a convertirla en fuerza nacional.

Lectura breve: el Plan de Retorno a España es útil porque deja una lección muy concreta: el retorno serio no es una exhortación moral, sino una política coordinada entre varias instituciones.

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Problema

La discusión sobre la diáspora venezolana suele equivocarse de escala. A veces la reduce a tragedia humanitaria. A veces la romantiza como reserva sentimental de patriotismo. A veces la trata como asunto consular. Las tres lecturas son insuficientes.

La diáspora es ya una variable estructural de la reconstrucción nacional. No es un “tema social” entre otros. Es población, trabajo, capital humano, vínculos familiares, remesas, reputación internacional, capacidad empresarial y futuro demográfico del país. R4V reportó en abril de 2026 6,95 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, y el RMRP 2026 estimó que 5,37 millones requerían asistencia. En magnitud, eso convierte a la diáspora en una de las dimensiones más grandes y duraderas del colapso venezolano. En esos números no entran los que están en EEUU, Canadá o Europa.

Por eso, el punto de partida de esta serie es categórico: Venezuela no debe preguntarse sólo cómo hacer que algunos vuelvan. Debe preguntarse cómo reorganizar su relación con millones de venezolanos fuera del país para convertir dispersión en capacidad nacional.

Eso implica tres objetivos simultáneos: proteger al que seguirá fuera, reconectar al que puede contribuir desde fuera y reintegrar con dignidad al que regrese. La OCDE y la OIM coinciden en que la reintegración sostenible no es sólo traslado físico: exige empleo, acceso a servicios, inserción comunitaria e instituciones capaces de acompañar el proceso.

Qué ya hemos dicho en Reconstruyendo País

La propia arquitectura de Reconstruyendo País ya ofrece piezas para construir esta tesis. #034 sobre voto exterior y #035 sobre consulado medible empujan una idea correcta: la diáspora no debe ser tratada como periferia simbólica, sino como parte del cuerpo político y como usuaria de un Estado que debe servir también fuera del territorio.

La tesis es clara: el consulado deja de ser ventanilla y pasa a ser servicio público con capacidad, digitalización y estándares verificables. Esa dirección encaja perfectamente con esta serie, pero todavía es sólo una parte del problema. Consulados y voto exterior importan; no bastan.

La conexión con el resto del newsletter también es útil. #003 sobre el Estado que sirve fija que la reconstrucción exige un Estado confiable, con reglas y servicios; #061 sobre crédito recuerda que sin sistema financiero y capacidad de intermediación no hay expansión; y #062 sobre productividad plantea que el rebote no es crecimiento sostenible. La política de diáspora debe leerse dentro de ese mismo marco: no como asistencialismo aislado, sino como parte de la reconstrucción del Estado, de la productividad y del crédito social del país consigo mismo.

Diagnóstico estructural

La diáspora venezolana no es sólo numerosa; está además profundamente distribuida por capas sociales, generaciones y trayectorias.

Hay profesionales de alta calificación, trabajadores precarizados, familias partidas, niños escolarizados en otros idiomas, empresarios que mantienen vínculos con Venezuela, jóvenes criados fuera del país y hogares que dependen de remesas.

Tratar ese universo como si fuera una sola categoría lleva a malas políticas. La OIM insiste en que la reintegración sostenible debe abordarse en tres planos al mismo tiempo: individual, comunitario y estructural. La OCDE agrega que los programas eficaces requieren coordinación entre instituciones del país de origen, actores locales y socios del país receptor.

A esto se suma una realidad económica que suele leerse mal. Los estudios internacionales muestran que la migración venezolana ha generado aportes económicos en países receptores cuando existe integración laboral y formalización. El Banco Mundial estimó que los venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú podían elevar el crecimiento del PIB entre 0,15 y 0,30 puntos porcentuales anuales entre 2017 y 2030, y el FMI sostuvo que una integración rápida podía aumentar el PIB de países receptores en hasta 4,5 puntos porcentuales acumulados hacia 2030. La lección no es celebrar que otros capturen ese valor. La lección es más dura: Venezuela expulsó una población que, cuando encuentra integración mínima, produce valor económico medible.

Eso obliga a una conclusión incómoda. La diáspora no es sólo consecuencia del colapso venezolano. Es también una externalización masiva de capital humano y capacidad productiva. Si el país no diseña una política nacional para reconectar, retornar, habilitar y canalizar esa población, parte del esfuerzo de reconstrucción lo harán otros países con talento venezolano.

Economía política

Aquí conviene hablar con crudeza. En un Estado quebrado, la diáspora suele terminar ubicada en uno de dos lugares políticamente cómodos y estratégicamente inútiles: o como retórica patriótica o como sujeto asistido. Lo que casi nunca aparece es una visión de Estado que la trate como actor constitutivo de la nación postcolapso.

Eso es un error porque la diáspora altera de forma directa la economía política del país. Primero, porque modifica la composición del electorado potencial y de la conversación pública. Segundo, porque reordena familias, consumo, remesas y dependencia intergeneracional. Tercero, porque parte de las élites, de las clases medias y del talento profesional también se fue, lo que significa que la reconstrucción no tendrá delante sólo un problema de pobreza, sino también uno de desvinculación de cuadros directivos, técnicos y familiares con el país real. La política de diáspora debe reconocer eso sin moralismo: no se trata sólo de traer pobres de vuelta, sino de volver a conectar a una nación socialmente fragmentada.

En términos de selectorado, esto importa mucho. Un país que expulsa a millones reduce su base de legitimidad interna y externaliza parte de su clase media, de su profesionalización y de su presión por servicios públicos de calidad. Si esa población queda fuera del pacto de reconstrucción, el selectorado de la nueva etapa puede volver a estrecharse alrededor de quienes están dentro, de quienes controlan la renta o de quienes tienen acceso directo al aparato estatal. Incluir a la diáspora en la reconstrucción no es sólo una política social. Es una forma de ensanchar la base nacional del nuevo orden.

La tesis central de nuestro enfoque

La tesis de esta serie es formulada sin ambigüedad:

La diáspora venezolana debe ser tratada como infraestructura humana de reconstrucción nacional.

Eso significa cinco cosas a la vez:

1. población a proteger, porque millones seguirán fuera y seguirán necesitando documentos, defensa consular e información confiable;

2. talento a reconectar, porque no todo aporte exige retorno físico;

3. familias a reintegrar, porque el retorno no ocurre en individuos aislados sino en hogares;

4. capital humano y empresarial a canalizar, porque el país necesitará redes, conocimiento, coinversión y legitimidad internacional;

5. identidad nacional a recomponer, porque un país disperso no se reordena sólo con macroeconomía y petróleo.

Qué no debe hacerse

No debe construirse una política de diáspora basada sólo en retorno físico. La evidencia comparada muestra que el retorno sostenible requiere preparación, apoyo y coordinación; imponer una narrativa de “vuelta” sin condiciones lleva a frustración, precarización y retorno fallido. La OIM insiste en que la reintegración no debe medirse sólo por llegada, sino por estabilidad económica, inclusión social y acceso a servicios.

No debe dejarse el tema sólo en Cancillería. España sirve como referencia útil aquí: tiene una Oficina Española del Retorno, una Guía de Retorno y un Plan de Retorno con 50 medidas coordinadas entre distintas administraciones, lo que refleja que el retorno no es sólo un tema diplomático, sino laboral, administrativo y territorial. Venezuela necesitará una lógica parecida, aunque adaptada a su escala y quiebra fiscal.

No debe tratarse a la diáspora sólo como fuente de remesas. Las remesas alivian hogares, pero no sustituyen una política nacional de talento, reintegración y reconstrucción institucional.

Diseño institucional

La primera implicación de esta tesis es institucional: Venezuela necesitará un Sistema Nacional de Vinculación, Retorno y Reintegración, no una suma dispersa de trámites.

Ese sistema debería articular, como mínimo:

• centro de gobierno, para fijar prioridades y coordinar ministerios;

• cancillería, para red consular, documentación, protección y diplomacia pública;

• agencia nacional de vinculación y retorno, con función ejecutiva y de ventanilla única;

• trabajo, para inserción laboral y certificación;

• educación, para equivalencias, cupos, integración de niños retornados y formación docente;

• salud, para cobertura puente y atención de retorno;

• vivienda, para reubicación y alquiler asistido;

• banca de desarrollo y multilaterales, para financiamiento;

• gobernaciones y alcaldías receptoras, porque la reintegración ocurre en territorios concretos.

La experiencia de la OCDE sobre retorno sostenible y la práctica española de ventanilla específica apuntan en la misma dirección: sin coordinación interinstitucional, el retorno se vuelve una carrera de obstáculos.

Recomendación

Venezuela debe adoptar una política nacional de diáspora con tres carriles simultáneos.

Primer carril: protección y vínculo.
Documentación, registros, servicios consulares medibles, digitalización, orientación legal, voto exterior y canales permanentes de contacto. Aquí el camino ya está insinuado por Reconstruyendo País en #034 y #035.

Segundo carril: retorno y reintegración.
Empleo, homologación, salud, escuela, vivienda, apoyo psicosocial, tutorías escolares y acompañamiento territorial. La OIM y la OCDE son claras: sin esas capas, el retorno no es sostenible.

Tercer carril: conexión productiva y de talento sin retorno obligatorio.
Redes profesionales, inversión de diáspora, coinversión con cámaras de comercio, cátedras espejo, estancias cortas, emprendimiento y transferencia de conocimiento.

Lectura breve: el Plan de Retorno a España y la guía de la Oficina Española del Retorno son útiles porque muestran algo sencillo pero decisivo: el retorno serio no se improvisa, se organiza con ventanilla, coordinación y medidas concretas.

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Problema a revisar

Iraq sirve para aislar un riesgo distinto al de Libia y al de Rusia. Libia muestra lo que ocurre cuando la coerción y el control territorial fragmentan el mando sobre los activos. Rusia muestra lo que ocurre cuando la apertura patrimonial precede a las reglas. Iraq muestra otra cosa: un país puede recuperar producción, exportaciones e ingresos petroleros y, aun así, no reconstruir un Estado funcional. La razón es simple: la renta puede financiar presupuesto sin resolver quién manda, cómo se reparte el poder y qué instituciones arbitran el conflicto.

Ese es el punto útil para Venezuela. En un país que sale de colapso autoritario o de descomposición estatal, la tentación es creer que si vuelve la caja, volverá el Estado. Iraq demuestra que eso no ocurre automáticamente. La renta puede sostener al Estado sin reconstruirlo; puede pagar nómina sin crear capacidad; puede contener conflicto sin resolverlo.

Panorama duro

Después de 2003 y con un ejército de ocupación, el petróleo siguió siendo el eje material de Iraq. El Banco Mundial resume que la reanudación del flujo de ingresos petroleros permitió aumentar salarios públicos, reactivar el presupuesto y financiar parte de la reconstrucción inicial. Pero el mismo Banco Mundial también subraya que la reconstrucción quedó frenada por inseguridad, corrupción, debilidad institucional y desacuerdos persistentes sobre el reparto de ingresos petroleros, especialmente entre Bagdad y el Kurdistán.

La magnitud de la dependencia petrolera fue enorme. Un informe del Banco Mundial sobre manejo de renta petrolera para diversificación económica en Iraq señala que el petróleo representó cerca de 99% de las exportaciones, 85% de los ingresos del gobierno y alrededor de 42% del PIB en 2019. Esa estructura no describe sólo una economía dependiente. Describe un Estado cuyo margen de maniobra fiscal, político y distributivo está dominado por un solo flujo de renta.

El mismo informe muestra además que el empleo público y de empresas estatales llegó a representar alrededor de 40% del empleo total, y que la expansión del aparato estatal y de la masa salarial fue una de las principales vías de distribución de la renta. Esa cifra importa mucho para la economía política: significa que la renta no se convirtió prioritariamente en inversión transformadora ni en diversificación, sino en un mecanismo de inclusión distributiva dentro del Estado. De forma más precisa, de los grupos remanentes dentro de los ministerios.

Economía política

Aquí el lenguaje de selectorado ayuda a ordenar el caso. La renta petrolera permitió ampliar la coalición ganadora, pero no institucionalizarla. En vez de construir un pacto estatal estable basado en reglas impersonales, parte sustancial del ingreso se utilizó para sostener una coalición política y burocrática amplia mediante salarios públicos, transferencias, empleo estatal y repartos interpartidistas. Eso da estabilidad parcial, pero no crea Estado competente. Crea algo distinto: un equilibrio de reparto.

El problema no fue sólo macroeconómico. Fue de arquitectura de poder. El Banco Mundial destaca que los desacuerdos sobre oil revenue-sharing arrangements estuvieron entre los factores que más obstaculizaron la reconstrucción. Es decir, el conflicto no era sólo cuánto petróleo producir, sino quién recibe la renta, por qué canal institucional, con qué legitimidad y con qué relación entre centro y periferia. En países petroleros, esa pregunta define buena parte del sistema político. En Iraq, no quedó resuelta de manera sólida.

La disputa Bagdad-Kurdistán fue especialmente ilustrativa. No era un simple desacuerdo técnico sobre pagos. Era una disputa sobre soberanía fiscal, autoridad territorial y control del recurso. Cuando un país no resuelve ese punto, la renta no integra: compra tiempo, financia treguas y posterga el conflicto.

A esto se sumó otro rasgo típico del rentismo: la confusión entre estabilización política y expansión del gasto corriente. El Banco Mundial sostiene que Iraq necesita reformar subsidios energéticos, reducir distorsiones y reorientar la renta hacia inversión y diversificación precisamente porque el patrón dominante fue otro: una economía y un Estado organizados alrededor de gasto público, dependencia petrolera y baja productividad no petrolera.

Qué sí enseña Iraq a Venezuela

La primera enseñanza es que más caja no sustituye diseño institucional. Un país puede mejorar producción y recaudación sin resolver su problema de poder. Si la renta se usa para expandir nómina, financiar pactos coyunturales y comprar quietud burocrática, el Estado puede parecer más fuerte de lo que realmente es. Iraq muestra que esa fortaleza es engañosa. En la Venezuela de 2026 una parte sustancial del ecosistema político alrededor de las autoridades interinas cree que si se expande la producción petrolera la coalición dominante llegará a pactos estables con actores periféricos.

La segunda es que la relación entre centro y territorios debe quedar definida antes de que la renta crezca en volumen. Si no, el crecimiento del ingreso no pacifica el conflicto distributivo: lo intensifica. Esto es crucial para Venezuela. En un país con fuerte centralismo histórico, regiones energéticas decisivas y posible transición política compleja, la pregunta sobre quién recibe qué parte de la renta y por qué canal no puede quedar implícita. Iraq muestra el costo de dejarla mal resuelta.

La tercera enseñanza es que la renta no debe usarse para reconstruir el viejo mecanismo de inclusión política basado en empleo público y subsidios indiscriminados. Si el selectorado se amplía sólo a través de reparto fiscal y no mediante productividad, inversión y capacidad estatal, el país puede estabilizarse un poco sin salir del rentismo. Eso es exactamente lo que la serie venezolana debe evitar.

Qué no debe inferirse mal

Iraq no demuestra que todo uso distributivo de la renta sea un error. En una transición, algún nivel de gasto social, estabilización y contención es inevitable. Lo que sí demuestra es que cuando la renta se convierte en sustituto del acuerdo institucional, termina financiando un equilibrio caro y frágil. La pregunta no es si debe haber distribución. La pregunta es si esa distribución crea capacidad pública y cohesión institucional, o sólo compra paz transitoria.

Tampoco conviene leer el caso iraquí como si todo hubiera sido fracaso. Hubo recuperación de ingresos, funcionamiento estatal básico y continuidad exportadora. Precisamente por eso el caso es útil: porque prueba que recuperar petróleo sí puede dar oxígeno, pero también que ese oxígeno no basta para construir un Estado más competente, menos faccional y menos dependiente del reparto.

Lectura venezolana útil

La tesis de Francisco Monaldi ayuda a traducir bien la lección iraquí. Su punto de partida es que Venezuela necesita un nuevo marco institucional para maximizar valor de largo plazo y dar credibilidad al sector. Iraq funciona como contraste porque muestra lo que ocurre cuando la renta vuelve sin que ese marco quede suficientemente resuelto: el ingreso fluye, pero la arquitectura del Estado sigue débil, el reparto territorial y político sigue disputado, y la capacidad pública no mejora al mismo ritmo que la caja. Esa es exactamente la secuencia que Venezuela debe evitar.

Recomendación

Venezuela no debe usar la recuperación petrolera para reconstruir un equilibrio de reparto. Debe usarla para reconstruir un equilibrio institucional. Eso exige, como mínimo:

1. regla fiscal que impida que la mayor parte de la nueva renta se convierta en gasto corriente rígido;

2. criterios explícitos de distribución territorial y presupuestaria, para evitar disputas futuras sobre la caja;

3. prioridad a inversión transformadora y capacidad estatal, no sólo a expansión de nómina y transferencias;

4. separación entre estabilización social transitoria y compromisos permanentes de gasto;

5. mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de la renta, para que el selectorado no se organice alrededor del acceso informal al presupuesto.

Conclusión

Iraq demuestra que la renta no reemplaza el acuerdo institucional. El petróleo puede volver a financiar al Estado, pagar salarios y sostener el presupuesto. Pero si el selectorado se organiza alrededor del reparto de ingresos, del empleo público y de compromisos faccionales, el Estado puede sobrevivir sin reconstruirse. Para Venezuela, la lección es categórica: la renta debe convertirse en capacidad, no en tregua clientelar; en inversión y reglas, no en una nueva versión del reparto rentista.

Lectura breve: The Reconstruction of Iraq after 2003 del Banco Mundial. Sirve porque muestra, con evidencia institucional y fiscal, que la reconstrucción se atasca cuando la renta llega antes que el acuerdo sobre poder, territorio y reglas.

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Problema a revisar

La comparación con Rusia sirve para delimitar un riesgo específico de la transición venezolana: convertir la apertura del sector en un proceso de transferencia patrimonial a una coalición estrecha de insiders. No es una advertencia moral. Es una advertencia de economía política. En la Rusia de los noventa, la privatización no consolidó primero un Estado regulador fuerte y luego un mercado competitivo; en sectores estratégicos, en especial petróleo y minería, ocurrió con demasiada frecuencia lo contrario: la distribución de activos se adelantó a la construcción de reglas impersonales.

El resultado fue la formación de una oligarquía con poder económico desproporcionado y capacidad para influir sobre el propio Estado. El FMI y el Banco Mundial describieron ese episodio con suficiente claridad como para que no quede espacio para romanticismos sobre “aperturas rápidas”.

La lección para Venezuela no es que toda privatización sea ilegítima ni que toda apertura al capital privado termine mal. La lección es más precisa: cuando el selectorado económico del nuevo orden coincide con una red estrecha de actores políticamente conectados, la apertura deja de ser reforma y se convierte en reparto de poder. Ese es el punto que importa para el petróleo venezolano.

Panorama duro

El episodio emblemático fue el esquema conocido como loans-for-shares.

El propio FMI explicó que el gobierno ruso, necesitado de financiamiento, recibió préstamos de bancos privados a cambio de poner como colateral participaciones en grandes empresas estatales; cuando el Estado no devolvió esos préstamos, esos activos pasaron a control privado en condiciones profundamente sesgadas. John Odling-Smee, exjefe de la misión del FMI para Rusia, describió el mecanismo de forma directa: se trató de préstamos respaldados con participaciones en empresas estatales atractivas y subvaluadas, y terminó fortaleciendo a un grupo reducido de banqueros y hombres de negocios muy cercanos al poder.

El Banco Mundial fue igual de claro. En su evaluación de la transición rusa, sostuvo que el programa de loans-for-shares fue “murky”, que concentró activos valiosos en manos de una docena de oligarcas y que contribuyó a desacreditar la privatización y la propiedad privada ante buena parte de la población. No sólo fue un problema distributivo. Fue un problema de legitimidad del orden económico emergente. Cuando una apertura de activos estratégicos nace asociada a privilegio, opacidad y captura, su costo político persiste durante décadas.

Eso importa todavía más en hidrocarburos. En sectores con rentas altas, barreras de entrada grandes y relevancia macroeconómica decisiva, la forma de asignar derechos iniciales moldea el sistema político posterior. Si el acceso a esos activos depende de cercanía al poder, financiamiento político o información privilegiada, el nuevo bloque propietario no se limita a explotar recursos: se convierte en parte constitutiva del selectorado ganador del régimen. Y cuando eso ocurre, regular después es mucho más difícil que haber diseñado bien la apertura desde el principio. Esta es, en el fondo, la razón por la que Francisco Monaldi insiste en que la recuperación venezolana requiere primero un nuevo marco institucional y una agencia regulatoria independiente: sin esa base, la apertura puede atraer capital, pero no credibilidad ni valor de largo plazo para la nación.

Economía política

Aquí está el núcleo duro del caso ruso. El problema no fue sólo que algunos activos se vendieran barato. El problema fue que la privatización reorganizó el poder antes de que existieran límites institucionales sólidos a ese poder. El selectorado efectivo se estrechó: una pequeña coalición ganó control sobre activos estratégicos y, con ello, acceso privilegiado a caja, influencia política, medios de comunicación, financiamiento de campañas y capacidad de vetar o moldear regulación futura. Ese patrón es exactamente el que Venezuela debe evitar en su sector energético.

Dicho sin rodeos: la apertura puede fracasar incluso si aumenta inversión y producción en el corto plazo, si al mismo tiempo crea un capitalismo petrolero de acceso restringido, basado en relaciones con el poder y no en reglas impersonales. El problema no es sólo quién entra. Es cómo entra, con qué transparencia, con qué reglas de elegibilidad, con qué régimen de publicación y con qué protección frente a la captura.

En Venezuela, este riesgo es particularmente alto por tres razones.

La primera es que la reforma de la LOH de 2026 ya abrió la participación privada directa en actividades primarias, pero dejó amplias facultades de autorización en manos del ministerio y, según el análisis de LEGA, excluyó esos contratos del régimen general de contrataciones públicas. Eso no condena la apertura, pero sí eleva el valor político del permiso administrativo. Cuanto mayor es ese valor, mayor es el incentivo a que el acceso al sector se vuelva selectivo y no competitivo.

La segunda es que Venezuela sale de un colapso estatal, no de un Estado funcional. En esa clase de contexto, la línea entre flexibilidad y arbitrariedad es mucho más delgada. Un país con instituciones sólidas puede tolerar más discreción administrativa porque tiene contrapesos, información y control judicial. Un país con instituciones erosionadas no tiene ese lujo. Allí la discreción sin blindajes tiende a convertirse en patrimonialismo.

La tercera es que el petróleo venezolano, por escala y centralidad macroeconómica, no admite errores de diseño equivalentes a los de un sector secundario. Si la puerta de entrada al upstream se convierte en mecanismo de selección política, el país no sólo arriesga corrupción: arriesga reconstruir un nuevo bloque rentista, ahora privado o mixto, con capacidad para capturar política pública. Ese es exactamente el tipo de trayectoria que la experiencia rusa vuelve verificable.

Qué sí enseña Rusia a Venezuela

La primera enseñanza es que la secuencia importa. No se deben asignar activos o derechos de acceso antes de haber fijado reglas de elegibilidad, publicación, beneficiario real, supervisión y resolución de disputas. Rusia muestra que cuando la secuencia se invierte, la propiedad nace contaminada por la política y después condiciona toda la arquitectura institucional.

La segunda es que la transparencia de la adjudicación inicial vale tanto como la regulación posterior. No basta con decir que después se supervisará. En sectores estratégicos, el momento fundacional de la apertura determina quién tendrá poder para resistir esa supervisión. Si la adjudicación inicial es opaca, la regulación posterior nacerá débil.

La tercera es que no debe confundirse velocidad con reforma. En la Rusia de los noventa, la presión por privatizar rápido, financiar al Estado y consolidar una coalición reformista terminó facilitando una enorme transferencia patrimonial hacia pocos grupos. La racionalidad política de corto plazo destruyó la racionalidad institucional de largo plazo. Ese es un espejo útil para Venezuela, donde la urgencia fiscal podría empujar a decisiones igualmente equivocadas si no se blindan criterios y procedimientos.

Qué no debe inferirse mal

Rusia no prueba que el Estado deba conservar siempre el control mayoritario de todos los activos estratégicos. Tampoco prueba que la inversión privada extranjera o doméstica sea en sí misma un riesgo. Lo que sí prueba es algo más útil: si el acceso a los activos estratégicos depende de compuertas políticas opacas, el resultado no será mercado competitivo ni reconstrucción institucional, sino un nuevo bloque patrimonial. Ese es el punto transferible.

Tampoco conviene caricaturizar el caso ruso como un simple robo gigantesco y nada más. El proceso respondió también a debilidad fiscal, crisis de transición, necesidad de financiar al Estado y lucha por consolidar un nuevo orden. Precisamente por eso la comparación es valiosa para Venezuela: porque el argumento de “hay que mover esto rápido porque el Estado necesita caja” ya existió, y su resultado fue muy costoso. El error no fue sólo ético. Fue de diseño.

Lectura venezolana útil

La mejor forma de traducir la lección rusa al caso venezolano sigue siendo la tesis de Monaldi: primero marco institucional, luego expansión del sector. Su argumento a favor de una agencia regulatoria independiente y de un marco fiscal y contractual creíble funciona aquí como antídoto frente al modelo ruso. Rusia enseña el reverso exacto: abrir sin regulador fuerte, sin credibilidad y sin separación de funciones produce concentración patrimonial y debilita la legitimidad de la apertura.

Recomendación

Venezuela no debe repartir el upstream como botín de transición. Debe prohibir que la apertura se organice alrededor de insiders, vehículos opacos, testaferros o grupos con acceso privilegiado al poder administrativo. Eso exige, como mínimo:

1. criterios públicos y duros de elegibilidad técnica y financiera;

2. registro de beneficiarios reales;

3. publicación de contratos y adendas;

4. separación entre autoridad que adjudica, autoridad que regula y operador estatal;

5. revisión independiente de valuaciones, contraprestaciones y obligaciones de inversión.

Si esas capas no existen, la apertura venezolana puede terminar generando un capitalismo petrolero de transición, no una reconstrucción institucional.

Conclusión

Rusia demuestra que abrir sin reglas no liberaliza: oligarquiza. Cuando los activos estratégicos se asignan antes de construir instituciones impersonales, el selectorado ganador se estrecha, la propiedad nace políticamente sesgada y el nuevo orden económico queda capturado desde el origen. Para Venezuela, la lección es categórica: la apertura sólo será útil si impide que el acceso al petróleo se convierta en una nueva forma de patrimonialismo. El país no necesita una nueva élite petrolera de transición. Necesita reglas capaces de impedir que aparezca.

Lectura breve: John Odling-Smee, The IMF and Russia in the 1990s. Vale la pena porque explica con sobriedad técnica cómo operó el contexto macro y político en el que se montó el esquema de loans-for-shares.

El problema a revisar: el rehén

La comparación del problema venezolano con Libia sirve por una razón precisa: muestra qué ocurre cuando la capacidad técnica del sector petrolero sobrevive más que la autoridad política del Estado.

Después de la caída de Muammar Gaddafi en 2011, Libia no perdió su importancia petrolera ni dejó de tener una empresa nacional relevante. La National Oil Corporation siguió siendo el eje técnico del sector y el petróleo continuó siendo la base material de las finanzas públicas. Pero el mando sobre la renta, los terminales, los campos y el banco central quedó atrapado en una disputa entre centros de poder rivales. En ese contexto, la industria no desaparece: se vuelve rehén.

La primera lección estratégica es esta: una industria petrolera puede seguir funcionando parcialmente y, aun así, no servir para reconstruir el país. Eso ocurre cuando la producción deja de responder a una cadena estatal de decisión y pasa a depender de bloqueos, coerción territorial, arreglos entre facciones o crisis sobre el control de la caja. En Libia, el petróleo siguió siendo el “premio mayor” de la política, pero eso no lo convirtió en palanca de reconstrucción. Lo convirtió en el corazón de la disputa.

Panorama duro

La data disponible es suficientemente elocuente. Libia produjo 1,18 millones de barriles diarios en julio de 2024, pero en agosto de ese mismo año la producción cayó más de la mitad por cierres de campos y puertos ligados a la disputa sobre el control del Banco Central. Días después, la propia NOC informó una caída de 63% de la producción total por esos cierres. No se trató de un accidente operativo ni de una falla técnica ordinaria. Fue una demostración de economía política pura: cuando el control de la renta y del banco central entra en disputa, los activos energéticos se convierten en instrumento de presión.

Ese episodio no fue excepcional. Había patrón dibujado con claridad: desde 2011, facciones políticas y actores territoriales han interrumpido repetidamente la producción para ganar poder y disputar el control de los ingresos estatales. La ONU tuvo que mediar en 2024 una crisis alrededor del Banco Central porque el cierre petrolero ya amenazaba salarios, banca, comercio exterior y estabilidad macroeconómica. Esa secuencia importa mucho para Venezuela: el conflicto no era sobre geología ni sobre capacidad técnica de perforación; era sobre quién controlaba la institución que recibe y distribuye la renta.

La fragilidad no terminó allí. En 2025 se volvió a reportar tensión en torno a la cúpula de la NOC y episodios de seguridad que alcanzaron la propia sede de la empresa. Eso confirma que el problema libio no fue sólo de interrupciones transitorias. Fue una falla más estructural: la principal institución petrolera del país siguió operando, pero dentro de un sistema político incapaz de blindarla frente a la lucha por la renta.

Economía política

Aquí es donde Libia se vuelve especialmente útil para esta serie sobre energía. Bajo Gaddafi, el petróleo estaba integrado a un orden autoritario centralizado. Después de 2011, la centralización cayó, pero no surgió una arquitectura institucional robusta que sustituyera ese control. Lo que apareció fue una estructura más fragmentada, en la que facciones del este y del oeste, redes armadas y actores locales podían usar el petróleo como palanca para extraer concesiones políticas o económicas. Chatham House ha descrito ese fenómeno como parte de la “war economy” libia: instalaciones, puertos, subsidios, combustible y acceso a renta se volvieron mecanismos de poder para actores armados y redes oportunistas.

Dicho en términos de selectorado: el selectorado efectivo dejó de ser un aparato estatal nacional con mando vertical y pasó a ser una constelación de coaliciones territoriales y coercitivas con capacidad de veto. Eso cambia todo. Cuando el selectorado se fragmenta de esa manera, la lógica del sistema ya no es “cómo maximizar producción y estabilidad” sino “cómo usar el activo petrolero para mantener o renegociar posiciones de poder”. En ese punto, el petróleo deja de disciplinar al sistema político y pasa a ser secuestrado por él.

El Banco Mundial, al compilar análisis sobre los desafíos de paz y estabilidad en Libia, subrayó que la NOC siguió dominando gran parte de la producción nacional y operando relativamente mejor que otras instituciones; pero al mismo tiempo mostró que la disputa institucional, la fragmentación y la ausencia de reglas compartidas siguieron bloqueando la consolidación de un orden político y fiscal estable. Esa combinación es exactamente la advertencia estratégica relevante: una empresa nacional puede sobrevivir sin que sobreviva un Estado funcional.

Qué sí enseña Libia a Venezuela

La primera enseñanza es negativa, pero decisiva: Venezuela no puede permitir que la transición energética cree o tolere vetos territoriales sobre campos, terminales, puertos, oleoductos o redes eléctricas críticas. No puede permitirse facciones rebeldes renuentes a renunciar a la renta. Si eso ocurre, la industria podrá seguir operando por tramos, pero la reconstrucción quedará subordinada a la capacidad de bloqueo de actores subestatales o faccionales. Libia muestra que ese tipo de equilibrio no estabiliza; sólo administra crisis recurrentes.

La segunda enseñanza es institucional: la cadena entre producción, renta y banco central tiene que estar blindada. El episodio libio de 2024 mostró que una disputa sobre la autoridad monetaria bastó para desatar cierres petroleros, caída de exportaciones y amenaza de colapso de pagos estatales. Para Venezuela, eso significa que la apertura del sector no puede diseñarse sólo como cuestión contractual. Debe diseñarse como una arquitectura que conecte operador, regulador, Tesoro y banco central bajo reglas verificables.

La tercera enseñanza es que preservar una empresa estatal no basta. La NOC libia siguió siendo la institución técnica más importante del sector, pero eso no impidió que el petróleo se usara como arma de negociación política. La lección para Venezuela es inequívoca: proteger a la empresa operadora es necesario, pero insuficiente. Hace falta además un marco institucional que impida que la empresa, la renta y los activos sean capturados por conflictos de poder.

Qué no debe inferirse mal

Libia no demuestra que toda transición post-autoritaria en un país petrolero termina necesariamente en fragmentación. Tampoco demuestra que la única salida sea recentralizar sin controles. Lo que sí demuestra es algo más sobrio y más útil: si el monopolio de la coerción, la administración de la renta y la cadena institucional de pagos quedan abiertos a disputa, la producción petrolera puede seguir existiendo sin convertirse en política de reconstrucción. Esa es la verdadera advertencia.

Tampoco conviene leer Libia como simple historia de “caos africano”. Chatham House ha insistido en que el conflicto libio no puede entenderse sin mirar sus incentivos económicos: subsidios, combustible, acceso a divisas, control de instituciones financieras y control de flujos de renta. Es decir, no es solo una guerra con petróleo; es una economía política del conflicto montada sobre el petróleo. Ese matiz importa mucho para Venezuela, porque desplaza la discusión desde la moral o la seguridad abstracta hacia la arquitectura real del poder.

Lectura venezolana útil

Francisco Monaldi no trabaja Libia como caso central, pero su tesis sobre Venezuela ilumina bien la lección comparada: la recuperación del sector requiere nuevo marco institucional, separación de funciones y credibilidad regulatoria. Libia sirve precisamente para mostrar el reverso de ese argumento. Cuando no hay ese marco, incluso una empresa nacional técnicamente relevante y una base petrolera robusta pueden quedar insertas en una estructura de vetos y disputas por la renta. La comparación, por tanto, no es ornamental: refuerza la tesis original de la serie.

Recomendación

Venezuela debe blindar tres cosas desde el principio:

1. el mando estatal sobre activos críticos,

2. la conexión institucional entre renta y caja pública,

3. la imposibilidad de que actores territoriales o faccionales conviertan cierres energéticos en arma de negociación.

Eso exige más que contratos. Exige seguridad institucional, coordinación entre sector energético y autoridad monetaria, y reglas que impidan que el selectorado real se fragmente alrededor del control de instalaciones o flujos de caja. La recomendación no es abstracta: si la apertura energética deja espacios para bloqueos o vetos territoriales, Venezuela no estará reconstruyendo el sector; estará sembrando su libianización.

Conclusión

Libia demuestra que producir no basta cuando el Estado no manda. La industria puede resistir, la empresa nacional puede seguir operando y el país puede seguir viviendo del petróleo. Pero si el control de la renta, del banco central y de los activos energéticos queda sometido a facciones, vetos territoriales o coerción, el petróleo deja de ser palanca de reconstrucción y se convierte en objeto de disputa permanente. Para Venezuela, la lección es categórica: la transición energética no debe medirse sólo por barriles, sino por la capacidad del Estado para impedir que los activos y la renta queden disponibles para la fragmentación del poder.

Lectura breve: Supporting Peace and Stability in Libya: A Compilation of Existing Analysis on Challenges and Needs, Banco Mundial. Útil porque muestra que el problema libio no fue solo productivo o militar, sino también institucional y fiscal.

Problema

La reforma de 2026 hizo dos cosas relevantes. Primero, permitió la participación privada directa en actividades primarias mediante contratos entre empresas estatales o sus filiales y empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Segundo, dejó materias críticas en manos del ministerio: aprobación del plan de negocio, autorización de cesiones, revocación de derechos y desarrollo posterior de reglas tributarias. Además, esos contratos quedaron fuera del régimen general de contrataciones públicas. Eso significa que la ley abrió el acceso, pero no cerró la discrecionalidad.

Acceso a la Justicia lo resumió bien: el nuevo marco implica una apertura más amplia al capital privado, pero deja “muchas dudas” por la enorme discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicarlo. Esa observación es el punto de partida correcto para este post.

Francisco Monaldi llega a una conclusión compatible: la recuperación del sector requiere un nuevo marco institucional y una agencia regulatoria independiente puede ser su piedra angular. La razón es simple: cuando el mismo centro político abre, autoriza, supervisa y ajusta, el problema deja de ser legal y pasa a ser de credibilidad.

Qué debe resolver la ley

La ley debe encargarse de lo que define estructura y límites. No de lo que pertenece al trámite.

1. Formas básicas de participación

Esto sí es materia legal. La ley debe definir quién puede participar, por cuáles vehículos y bajo qué perímetro general. La LOH reformada ya hizo esa parte al reconocer participación directa por contrato y mantener la vía indirecta de empresas mixtas. Ese cambio no podía quedar a reglamento porque altera la estructura misma del sector.

2. Separación de funciones

La ley debe fijar quién formula política, quién regula, quién opera y quién administra la caja. Si eso no queda anclado arriba, después todo se vuelve negociable. Este es el punto donde Venezuela todavía está corta: la apertura avanzó, pero la separación funcional sigue incompleta.

3. Límites a la discrecionalidad fiscal y contractual

La ley debe establecer el marco dentro del cual se mueven tributos, contraprestaciones y ajustes de equilibrio económico. No puede dejar indeterminado el perímetro del poder administrativo. Acceso a la Justicia advirtió precisamente que la nueva ley permite bandas y ajustes que, sin parametrización objetiva, pueden degenerar en arbitrariedad.

Qué debe bajar a reglamento

El reglamento no debe reinventar la ley. Debe cerrar espacios de arbitraje.

1. Elegibilidad técnica y financiera

La ley dice que el operador debe demostrar capacidad. El reglamento debe decir cómo: experiencia mínima, solvencia, soporte documental, estándares ambientales, estructura de beneficiarios y causales de descalificación. Sin eso, “idoneidad” es solo una palabra disponible para decisiones discrecionales.

2. Cesiones, modificaciones y autorizaciones

La ley reconoce cesiones de derechos y uso de activos. El reglamento debe fijar plazos, requisitos, causales, documentación y criterios de decisión. Si no lo hace, cada expediente se convierte en una negociación política particular.

3. Parámetros del impuesto integrado

La ley creó el impuesto integrado y dejó al ministerio dictar las normas para su determinación, declaración y pago. También permitió fijar la alícuota por proyecto dentro de un rango amplio. Eso exige reglamento duro: fórmula, base, criterios objetivos y publicación. Si no, el impuesto deja de ser regla y se vuelve instrumento de arbitraje.

4. Obligaciones de publicación

Si parte de la nueva contratación queda fuera del régimen ordinario de contrataciones públicas, el reglamento debe compensarlo con más transparencia, no con menos. Contratos, adendas, beneficiarios reales, inversiones comprometidas, producción fiscalizada y pagos al Estado deben entrar en un régimen claro de publicación. Esa obligación no sustituye a la ley, pero sí evita que la apertura opere como caja negra.

Qué no resolverá ni la ley ni el reglamento

La transición venezolana no se va a trabar por falta de texto; se va a trabar por falta de aparato.

La propia reforma previó 180 días para evaluar empresas mixtas preexistentes y adecuar contratos de participación productiva y otros contratos heredados; también ordenó dictar en 30 días las normas del impuesto integrado. Nada de eso se ejecuta por el simple hecho de estar escrito. Hace falta inventario contractual, equipos técnicos, cadena de decisión, bases de datos, protocolos de revisión y continuidad operativa. Eso es administración.

En otras palabras:

• la ley abre y ordena;

• el reglamento parametriza;

• la administración ejecuta, revisa, publica y coordina.

Si Venezuela sigue esperando que la ley haga el trabajo del Estado, volverá a producir normas grandes y resultados pequeños.

El caso útil: Colombia en 2003

El mejor contraste verificable para este punto es Colombia. En 2003, la reestructuración del sector se consolidó con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La propia ANH explica que esa reforma respondió a una situación crítica de reservas y se hizo mediante el Decreto 1760 de 2003. La lógica fue precisa: separar la administración del recurso y el marco contractual de la operación empresarial de Ecopetrol.

Ese ejemplo importa por una razón concreta. No fue solo una nueva ley ni sólo un cambio de discurso. Fue una separación funcional. Ecopetrol dejó de concentrar al mismo tiempo administración del recurso y operación empresarial, y la ANH asumió la gestión del recurso y del marco contractual.

El resultado no fue mágico, pero sí verificable: un estudio del Banco Mundial reporta que en 2008 operaban 86 compañías en el sector hidrocarburífero colombiano y que la inversión extranjera directa en el sector pasó de US$278 millones en 2003 a US$3,4 mil millones en 2008.

Lo transferible a Venezuela no es copiar a Colombia. Es entender el mecanismo:
la ley creó la estructura; la separación funcional redujo la confusión institucional; y la administración especializada hizo operable la apertura.

Eso sí es una lección útil.

Recomendación

Primera: no reabrir el debate abstracto sobre apertura. La ley ya cambió el perímetro. El frente ahora es reglamentario y administrativo.

Segunda: concentrar el paquete reglamentario en cuatro materias y no dispersarlo: elegibilidad, cesiones, impuesto integrado y publicación. Todo lo demás debe esperar.

Tercera: crear o activar una instancia técnica separada del operador estatal para supervisión, datos, cumplimiento y trazabilidad. Aquí la recomendación de Monaldi es correcta y debe asumirse sin rodeos: sin regulador o equivalente funcional, la apertura dependerá demasiado del ministerio.

Cuarta: separar administrativamente, desde ya, tres circuitos:

1. adecuación de contratos heredados,

2. aprobación de nuevos contratos,

3. administración fiscal y contable de la caja.
   Si esas tres tareas siguen mezcladas, el sistema se empastará.

Quinta: usar a Colombia como referencia de diseño, no como plantilla. Lo valioso no fue el nombre de la agencia, sino la decisión de separar administración del recurso y operación.

Conclusión

El próximo fracaso del sector venezolano no sería falta de apertura. Sería falta de ingeniería institucional. La ley ya hizo su parte principal: abrir el perímetro. El reglamento debe hacer la suya: cerrar la discrecionalidad. Y la administración debe hacer la decisiva: volver ejecutable el sistema. Colombia demuestra que separar funciones puede cambiar resultados. Monaldi acierta al poner la agencia regulatoria en el centro. La conclusión es inequívoca: Venezuela no necesita otra gran consigna petrolera. Necesita distinguir, con disciplina, qué se resuelve por ley, qué por reglamento y qué solo construyendo Estado.

Lectura breve: la historia institucional de la ANH y el Decreto 1760 de 2003 sirven porque muestran un cambio verificable y específico: separar la administración del recurso de la operación empresarial.

Por eso es valiosa la propuesta de economistas venezolanos que plantean una estrategia organizada en cuatro pilares para abordar la reestructuración. La deuda venezolana no se puede resolver con improvisación, ni con anuncios aislados, ni con una negociación puramente financiera. Se necesita método: inventario, transparencia, sostenibilidad, legalidad, coordinación internacional y una narrativa económica que convenza a acreedores, multilaterales, inversionistas y ciudadanos.

Venezuela está ante una de las reestructuraciones soberanas más complejas del mundo emergente. El país inició un proceso para reestructurar deuda soberana y de PDVSA, con pasivos totales —incluyendo bonos impagos, laudos arbitrales e intereses— que analistas estiman por encima de 150.000 millones de dólares. También se informó que Venezuela está en default desde 2017 y que el gobierno espera presentar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda a la comunidad financiera internacional.

Ese dato cambia el tono del debate. No estamos hablando sólo de “pagar o no pagar”. Estamos hablando de reconstruir la credibilidad financiera de un Estado que perdió acceso, reputación y capacidad de interlocución. La deuda no se reestructura de verdad si el país no puede explicar cómo va a crecer, cómo va a generar divisas, cómo va a ordenar sus cuentas públicas y cómo va a evitar repetir el ciclo que lo llevó al colapso.

Por otro lado, hay quienes creen que dolarizar plenamente sería una señal suficiente para tranquilizar a los mercados. No lo es. Puede ayudar a bajar inflación, pero no resuelve por sí sola la deuda, ni crea capacidad fiscal, ni aumenta producción petrolera, ni reconstruye instituciones, ni garantiza crédito productivo. Una economía puede usar dólares y seguir siendo insolvente.

La reestructuración exige una pregunta más profunda: ¿con qué modelo económico va a pagar Venezuela?

Si el país adopta una dolarización plena sin reconstruir capacidad productiva, corre el riesgo de estabilizar precios, pero dejar la economía pequeña, rígida y dependiente de dólares escasos. Eso puede parecer ordenado en la superficie, pero no necesariamente mejora la sostenibilidad de la deuda. Para pagar, Venezuela necesita crecer. Para crecer, necesita crédito. Para tener crédito, necesita banca funcional, mercado de capitales, inversión energética, seguridad jurídica y una moneda local que, bajo reglas duras, pueda financiar parte del circuito productivo interno.

Ésa es la razón por la que desde Reconstruyendo País hemos defendido una tesis clara: Venezuela no debe escoger su régimen monetario sólo por su capacidad de bajar inflación. Debe escogerlo por su capacidad de financiar crecimiento, absorber shocks petroleros y reconstruir producción. El dólar debe seguir siendo legal, útil y protegido como moneda de ahorro, cobertura y transacción. Pero convertirlo en toda la arquitectura monetaria del país puede debilitar instrumentos que serán necesarios para la recuperación.

La deuda y la moneda están conectadas. Un acreedor no sólo mira cuánto debe un país. Mira cuánto puede generar. Mira si tiene reglas fiscales. Mira si su banco central es creíble. Mira si el Estado publica datos confiables. Mira si el sector petrolero puede recuperar producción. Mira si la economía no petrolera puede crecer. Mira si la política económica es un programa o una colección de ocurrencias.

En ese sentido, la reanudación de relaciones con organismos como el FMI y el Banco Mundial es relevante. Ambas instituciones retomaron tratos con Venezuela tras una pausa desde 2019, lo que abre el camino para una evaluación económica completa del FMI por primera vez en dos décadas y eventualmente para apoyo financiero condicionado a trabajo técnico previo. También se ha reportado que el FMI considera indispensable mejorar la calidad de los datos venezolanos para poder tomar decisiones y preparar análisis de sostenibilidad de deuda confiables.

Eso apunta al corazón del asunto: sin datos, no hay confianza. Sin confianza, no hay reestructuración seria. Sin reestructuración seria, no hay regreso pleno a los mercados. Y sin regreso a los mercados, la recuperación venezolana queda dependiendo demasiado de petróleo, remesas, caja propia e inversión limitada.

Por eso apoyamos el espíritu de una estrategia de cuatro pilares. Venezuela necesita ordenar el perímetro de la deuda, transparentar pasivos, coordinar con acreedores, reconstruir estadísticas, presentar un marco macroeconómico creíble y vincular cualquier alivio de deuda con inversión, crecimiento, energía, infraestructura y protección social. La reestructuración no debe ser un simple canje de papeles. Debe ser parte de un pacto de reconstrucción.

La recomendación es categórica: Venezuela debe reestructurar su deuda, pero no debe vender la dolarización plena como sustituto de una estrategia económica. La solvencia no nace de cambiar la moneda. Nace de producir más, gastar mejor, publicar datos reales, respetar contratos, reconstruir instituciones y crear condiciones para que el país vuelva a crecer. De hecho, en Reconstruyendo País apoyamos la propuesta que hace Pedro Palma de adoptar un modelo bimonetario, como el peruano.

La deuda venezolana no se resolverá sólo en mesas de negociación. Se resolverá en la capacidad del país de demostrar que esta vez no busca oxígeno para repetir el viejo modelo, sino financiamiento para construir uno nuevo.

Para profundizar en esta discusión —dolarización, bimonetarismo, deuda, crédito productivo y reconstrucción institucional— hemos desarrollado una serie completa en reconstruyendopais.substack.com. Porque Venezuela no necesita sólo salir del default. Necesita salir del círculo que la llevó allí.

En un sector donde la ley abre nuevas vías contractuales, el ministerio concentra autorizaciones, la empresa estatal arrastra funciones mezcladas y el fisco necesita caja rápida, la pregunta decisiva deja de ser cuánto petróleo puede producirse y pasa a ser otra: quién decide, quién ejecuta, quién regula, quién recauda y quién controla. Si esa arquitectura no se define ex ante, la transición no producirá orden; producirá superposición.

Ese riesgo ya está escrito en el propio marco legal. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 abrió la participación privada directa en actividades primarias mediante contratos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales, pero al mismo tiempo dejó en manos del ministerio con competencia en hidrocarburos la aprobación del plan de negocios, la autorización de cesión de derechos, la posibilidad de revocar derechos otorgados y otras decisiones críticas. Además, esos contratos quedaron fuera del régimen general de contratación pública. Acceso a la Justicia, al analizar la reforma, concluyó que el nuevo esquema supone una apertura más amplia al capital privado, pero también deja “muchas dudas” por la “enorme discrecionalidad” conferida a los funcionarios encargados de aplicarla.

Ahí está el corazón del problema. Venezuela no puede reconstruir el sector energético si convierte al ministerio, a la empresa operadora estatal y al Ejecutivo en un solo órgano de hecho, aunque formalmente figuren separados. El país necesita una arquitectura donde cada función tenga dueño, límite y mecanismo de rendición de cuentas. Esa es también, desde hace años, una de las advertencias centrales del analista venezolano Francisco Monaldi: la recuperación del sector requiere “a new institutional framework” y una agencia regulatoria independiente puede ser la piedra angular de ese esquema, precisamente para dar credibilidad, atraer inversión y maximizar el valor de largo plazo para la nación.

El problema exacto

El problema no es si hace falta un ministerio fuerte o una empresa estatal fuerte. El problema es la mezcla de funciones. Cuando el mismo vértice político fija política, asigna derechos, negocia contratos, decide cambios tributarios, supervisa su ejecución y al mismo tiempo depende de la caja generada por esos mismos contratos, el sector queda atrapado en una lógica de concentración incompatible con una transición seria. Esa mezcla no solo aumenta discrecionalidad. También vuelve más lentas las decisiones, más opacas las prioridades y más frágil la defensa del interés público.

La evidencia normativa reciente muestra que ese riesgo no es hipotético. La reforma prevé que el ministerio evalúe en 180 días las empresas mixtas preexistentes y adecue en el mismo plazo los contratos de participación productiva y otros modelos previos; además, le ordena dictar en 30 días las normas del impuesto integrado de hidrocarburos. Es decir, el mismo centro político-administrativo aparece como pivote de transición contractual, revisión de proyectos y parametrización tributaria. En un país con débil capacidad estatal y datos incompletos, esa concentración puede convertirse en cuello de botella o en arbitraje, según cómo se diseñe el mando.

Lo que no debe hacerse

No debe repetirse el patrón del petroestado clásico: un centro presidencial que usa al ministerio como brazo político, a la empresa estatal como vehículo operativo y a la renta como caja de gobierno. Tampoco debe ensayarse una “autonomía” caótica donde cada entidad decida por su lado sin centro de coordinación. La transición no necesita ni hiperpresidencialismo energético ni anarquía institucional. Necesita una cadena de mando definida y funciones separadas.

También sería un error crear una agencia regulatoria nominal sin competencias reales, sin capacidad técnica y sin acceso a información. En ese caso, el país sumaría una sigla, no una institución. La independencia regulatoria no vale por su nombre, sino por tres atributos: potestad clara, información propia y límites a la interferencia del operador y del Ejecutivo. La literatura comparada sobre sectores extractivos y la recomendación explícita de Monaldi convergen precisamente en ese punto.

La arquitectura de mando que sí necesita Venezuela

La transición energética venezolana debería organizarse sobre cinco centros funcionales, no sobre una sola superestructura difusa.

1. Centro de gobierno: estrategia, secuencia y arbitraje político

Tiene que existir un órgano reducido de conducción política que fije prioridades, secuencia y coordinación interinstitucional. Su función no es negociar contratos ni administrar activos. Su función es decidir el orden de la transición: qué nodos se priorizan, qué cuellos se atienden primero, qué reformas se empujan y cómo se resuelven conflictos entre objetivos fiscales, energéticos, territoriales y macroeconómicos.

Ese centro debe estar adscrito al vértice del Ejecutivo, porque la transición energética atraviesa Hacienda, Banco Central, infraestructura, política exterior, seguridad y regiones. Pero su tarea debe ser coordinar y arbitrar, no sustituir al regulador ni al operador. Si el centro de gobierno empieza a firmar contratos, elegir operadores o administrar proyectos, la cadena de mando vuelve a mezclarse desde arriba.

2. Ministerio: política pública y tutela sectorial, no microgestión operativa

El ministerio debe formular política sectorial, proponer normativa, aprobar lineamientos y ejercer tutela política general. Pero no debe actuar como operador de facto ni como oficina de negociación caso por caso sin criterios públicos. La reforma vigente le da un papel muy fuerte en autorizaciones y ajustes de equilibrio económico del proyecto, incluidos cambios en regalías, tributos, tarifas, plazos y condiciones económicas. Acceso a la Justicia advirtió expresamente que varios de esos términos son indeterminados y permiten una discrecionalidad que, sin parámetros claros, puede derivar en arbitrariedad. Esa observación es crucial para el diseño institucional: si el ministerio va a conservar un poder tan alto, entonces su espacio debe acotarse con reglas objetivas, publicación y revisión técnica independiente.

3. Agencia regulatoria de hidrocarburos: la pieza que falta

Aquí está la institución que puede ordenar el sistema. La agencia no debe sustituir al ministerio ni a la empresa operadora estatal. Debe hacer otra cosa: regular, licenciar, supervisar, recopilar datos, auditar cumplimiento técnico y económico, y publicar información comparable. Esa es justamente la dirección en la que apuntó Francisco Monaldi al proponer una agencia independiente como piedra angular del nuevo marco institucional.

En Venezuela, esa agencia sería esencial por cinco razones:

• porque los nuevos contratos del artículo 40 sacan parte de la apertura del régimen general de contratación pública;

• porque la transición exige revisar empresas mixtas y contratos heredados sin destruir continuidad operativa;

• porque el nuevo impuesto integrado y las facultades de ajuste económico del proyecto crean zonas de discrecionalidad que deben parametrizarse;

• porque el país necesita reconstruir información pública confiable;

• y porque el operador estatal ya no puede ser simultáneamente juez y parte.

La agencia debe ser técnica, no ornamental. Necesita mandato legal, independencia funcional, carrera técnica, potestad sancionatoria acotada, acceso a expedientes, y obligación de publicar reportes periódicos sobre producción, costos auditados, quema de gas, inversiones comprometidas, ejecución contractual y cumplimiento ambiental. Sin esa capa, el sistema seguirá dependiendo de decisiones administrativas dispersas o poco transparentes.

4. Operador estatal: empresa, no ministerio paralelo

PDVSA —o la estructura estatal que termine concentrando la operación pública— debe volver a ser una empresa. Eso significa algo muy preciso: operar activos, asociarse cuando corresponda, administrar proyectos bajo reglas de gobierno corporativo y responder por desempeño operativo y financiero. No debe fijar política sectorial, no debe recaudar por fuera del presupuesto, no debe negociar al mismo tiempo que supervisa y no debe funcionar como banco de gasto extrapresupuestario.

El argumento técnico para esa separación no es doctrinario; es operativo. Cuando la empresa estatal carga demasiadas funciones ajenas, pierde foco industrial y destruye su propia gobernabilidad. La historia reciente del sector venezolano y la literatura sobre el colapso de PDVSA bajo riesgo político y “above-ground risks” van exactamente en esa línea. Monaldi, Hernández y La Rosa documentaron que la destrucción del sector no se explica por geología ni por precios, sino por decisiones institucionales y de control político que limitaron inversión y capacidad operativa.

5. Hacienda y Banco Central: caja, regla y trazabilidad

El ministerio de Finanzas y el Banco Central no pueden ser convidados de piedra en la transición energética. Son parte del mando porque el nuevo esquema legal ya mezcla decisiones sectoriales con variables tributarias y de equilibrio económico del proyecto. Acceso a la Justicia destaca que la reforma permite al Ejecutivo, por órgano del ministerio sectorial y con participación de Finanzas, determinar la alícuota del impuesto integrado por proyecto dentro de una banda amplia, así como modificarla si se considera necesario para preservar el equilibrio económico. Ese diseño exige una contraparte fiscal fuerte. Sin ella, el régimen tributario del sector se vuelve un apéndice de la negociación energética y no una política pública coherente.

La función de Hacienda y Banco Central debe ser triple: consolidar ingresos en caja única, impedir circuitos extrapresupuestarios y vincular renta extractiva con regla fiscal y estabilidad macro. Si el sector energético se reabre sin una autoridad fiscal capaz de ordenar la caja, la transición será productiva pero no institucional.

Qué cadena de mando necesita la transición

La secuencia correcta debería verse así:

El centro de gobierno fija prioridades y resuelve conflictos interinstitucionales.
El ministerio define política y propone regulación.
La agencia regula, supervisa, publica y certifica.
El operador estatal ejecuta proyectos y administra activos bajo reglas empresariales.
Hacienda y Banco Central capturan, registran y disciplinan la caja.

Ese diseño no elimina el conflicto. Lo vuelve gobernable. También distribuye responsabilidad de una manera verificable: si la política falla, se sabe dónde; si la operación falla, también; si el problema es tributario, no se confunde con supervisión técnica; y si el cuello es contractual, no se esconde detrás de la retórica de soberanía.

Qué puede hacerse ya y qué requiere reforma más profunda

En la fase inmediata

Puede crearse por decreto o decisión administrativa un comité de transición energética en el centro de gobierno, con mandato de coordinación, cronograma y seguimiento. También puede instalarse una unidad técnica que prepare el traspaso de funciones regulatorias y diseñe estándares de publicación, elegibilidad y supervisión. Nada de eso exige esperar a que exista la arquitectura definitiva.

En la fase de un año

Debe quedar delimitado por norma qué funciones conserva el ministerio, cuáles se trasladan a la agencia y qué obligaciones de información separada tendrá el operador estatal. También debería publicarse un régimen transitorio de reportes técnicos y contractuales, para que la cadena de mando empiece a operar con datos y no solo con autoridad formal.

En la fase de consolidación

La agencia debe adquirir base legal robusta, presupuesto, carrera técnica y potestades claras. El operador estatal debe someterse a gobierno corporativo y estados financieros útiles. Y la relación entre sector energético, Tesoro y Banco Central debe traducirse en un régimen fiscal estable, no en negociación ad hoc por proyecto.

Recomendaciones

Primera: crear un centro de gobierno para la transición energética que coordine, secuencie y arbitre, pero no opere ni regule.

Segunda: limitar al ministerio a política pública, tutela sectorial y lineamientos, reduciendo la discrecionalidad caso por caso mediante criterios y publicación.

Tercera: establecer una agencia regulatoria de hidrocarburos con independencia funcional, información propia y potestad real de supervisión. La recomendación coincide con la lectura de Francisco Monaldi y responde directamente a la nueva arquitectura contractual de la LOH.

Cuarta: reconvertir al operador estatal en empresa y no en ministerio paralelo, separándolo de la caja fiscal y de la supervisión regulatoria.

Quinta: integrar a Hacienda y Banco Central en la cadena de mando como custodios de la caja, la regla fiscal y la trazabilidad de ingresos y pagos.

Conclusión

Venezuela no necesita solo una apertura energética. Necesita un mando energético que sepa separar poder, función y responsabilidad. Mientras el mismo vértice político quiera decidir estrategia, autorizar contratos, parametrizar tributos, operar activos y administrar caja, la transición seguirá atrapada en la lógica del petroestado. La reforma legal de 2026 abrió el sector, pero también elevó el valor del diseño institucional: cuanto más flexible es la entrada, más importante se vuelve el mando. La recomendación categórica, respaldada por la evidencia normativa y por la lectura de Francisco Monaldi, es inequívoca: sin centro de gobierno, sin agencia regulatoria y sin operador estatal acotado a su función, la transición energética no tendrá cadena de mando; tendrá una cadena de vetos.

Lectura breve: Francisco Monaldi y José La Rosa Reyes, U.S. Policy Toward Venezuela’s Hydrocarbon Sector. Vale la pena por una razón concreta: no se limita a pedir inversión; pone el foco en el marco institucional y en la necesidad de una agencia regulatoria independiente como pieza estructural de la recuperación.

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No lo es.

Es una agenda territorialmente desigual, con cuellos de botella distintos, activos distintos y secuencias distintas según la región. El error de pensarla desde Caracas es doble: oculta dónde está la capacidad real de recuperación y también dónde están los riesgos más altos de fracaso. La recomendación categórica de esta pieza es simple: Venezuela no debe intentar “recuperarlo todo” a la vez; debe ordenar el mapa energético en nodos prioritarios y reconstruir por corredores funcionales. Esa conclusión se apoya en el patrón actual de actividad: la reactivación de taladros se está concentrando en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo, mientras nuevos acuerdos de gas avanzan en Cardón IV y en áreas costa afuera del oriente del país.

El dato estructural que justifica esa estrategia es contundente. La producción venezolana sigue dominada por crudos pesados y extra pesados: el Oxford Institute for Energy Studies indicó que en 2025 los crudos pesados representaron alrededor de 75% de la producción total y que el promedio de producción del año fue de unos 930 mil barriles diarios, muy por debajo del potencial geológico del país.

Eso significa que la recuperación no se jugará solo en “más barriles”, sino en dónde están los activos que pueden producir, mezclar, mejorar, evacuar, exportar o alimentar refinerías y plantas eléctricas. Cuando la canasta productiva se desplaza tan fuertemente hacia el crudo pesado, la geografía operativa pesa todavía más: Faja, mejoradores, puertos, diluyentes y corredores de salida se vuelven decisivos.

El problema exacto

El problema no es solo qué sector priorizar, sino qué territorios y qué cadenas físicas priorizar primero. Una política energética nacional sin jerarquía territorial termina repitiendo el vicio clásico del petroestado: concentrar decisión arriba y difuminar ejecución abajo. En cambio, una política que parta de nodos concretos puede alinear mejor contratos, inversión, seguridad de activos, logística y electricidad.

Hoy, la evidencia pública reciente permite identificar al menos cuatro espacios prioritarios. Primero, la Faja del Orinoco, porque es el corazón del crecimiento potencial de crudo pesado y el centro de los nuevos acuerdos. Segundo, Zulia y el eje Maracaibo-Costa Occidental, porque combina producción madura, posibilidad de taladros reactivables, gas asociado y la crisis eléctrica más persistente del país. Tercero, el eje Paraguaná-Cardón-Amuay-Falcón, por su papel simultáneo en refinación, combustibles y gas. Cuarto, el oriente costa afuera y Deltana-Sucre-Monagas, porque allí se juega la posibilidad de una política gasífera con uso doméstico y proyección exportadora. Esa identificación no es teórica: Reuters ya reportó reactivación de equipos en Orinoco y Lago de Maracaibo, aumento planeado de Cardón IV y nuevos acuerdos costa afuera con BP y negociaciones avanzadas con Shell en áreas orientales.

Primer nodo: Faja del Orinoco

La Faja debe ser tratada como nodo de caja y de escala, no como símbolo.

Allí está la mayor capacidad de crecimiento relativamente rápido en volumen, pero también la mayor dependencia de infraestructura complementaria. Reuters informó en abril de 2026 que Eni firmó un acuerdo para relanzar un proyecto de crudo pesado en la Faja y que Chevron logró aumentar su participación en Petroindependencia, uno de los proyectos clave de la región. Además, el propio ministerio proyectó que la producción nacional podría subir de 1,1 a 1,37 millones de barriles diarios a finales de 2026 si se incorporan equipos y servicios necesarios. Eso ubica a la Faja como primer frente natural de reactivación.

Pero la Faja no debe pensarse solo como zona extractiva. Su cuello de botella real es sistémico: diluyentes, mezcla, mejoramiento, almacenamiento, transporte y salida. Reuters reportó en marzo la reanudación de exportaciones de crudo diluido tras una pausa de quince meses, precisamente para sostener el manejo de crudos pesados. Esa señal confirma que el cuello no está solo en el subsuelo, sino en la cadena completa que hace comerciable ese petróleo. La recomendación categórica aquí es clara: si la Faja va a ser el primer motor de caja, debe priorizarse no solo perforación sino también infraestructura de manejo de crudos pesados y confiabilidad logística de salida.

Segundo nodo: Zulia y el eje Maracaibo

Zulia debe ser tratado como nodo de reconexión entre producción, gas y electricidad. Reuters informó que parte de los taladros reactivados para la nueva etapa contractual apunta justamente al Lago de Maracaibo, junto con la Faja. Eso importa por una razón sencilla: el Zulia no es solo una provincia petrolera madura; es también un laboratorio de lo que pasa cuando un territorio estratégico acumula deterioro eléctrico, infraestructura envejecida y desgaste de capacidad estatal. La evidencia pública reciente sobre racionamientos y apagones severos en el occidente venezolano muestra que esta región no puede ser pensada solo como upstream.

La recomendación categórica para Zulia no es “producir más” en abstracto. Es integrar recuperación petrolera madura con estabilización eléctrica y mejor manejo de gas asociado. Si el Estado reactiva Maracaibo solo para extraer más sin aliviar la crisis energética regional, desperdiciará una oportunidad política y económica mayor. Zulia ofrece una ventaja única para la reconstrucción: allí una política bien diseñada puede mostrar rápidamente que la energía sirve para algo más que exportar. Puede servir para devolver horas de servicio, actividad industrial y legitimidad territorial. La evidencia sobre los apagones frecuentes en Maracaibo y otras zonas occidentales hace que esta no sea una preferencia editorial, sino una prioridad operativa.

Tercer nodo: Paraguaná, Cardón y Amuay

Falcón y el eje Paraguaná deben ser tratados como nodo de combustibles y de articulación gas-refinación. Reuters informó en febrero que la red refinadora venezolana estaba procesando alrededor de 450 mil barriles diarios, cerca de 35% de su capacidad nominal de 1,29 millones, y que el Centro de Refinación Paraguaná había subido a 287 mil barriles diarios tras recuperarse de un apagón reciente. Ese dato resume bien el problema: el sistema refinador no está muerto, pero sigue siendo frágil, dependiente de estabilidad eléctrica y operativa, y todavía insuficiente para cerrar plenamente la brecha doméstica de combustibles.

Al mismo tiempo, Cardón IV se está consolidando como activo gasífero crucial. Eni y Repsol buscan elevar su producción de 580 a 645 millones de pies cúbicos diarios y que el propio viceministerio subrayó la urgencia de recuperar infraestructura gasífera y optimizar el manejo del gas asociado. Esa combinación vuelve a Falcón una pieza singular: allí se cruzan refinación, combustible interno, gas y posible abastecimiento al sistema eléctrico. La recomendación categórica es directa: Paraguaná no debe ser tratado solo como parque refinador; debe ser gestionado como nodo energético integrado.

Cuarto nodo: Oriente costa afuera y Deltana-Sucre-Monagas

El oriente debe ser tratado como nodo de futuro gasífero y de diversificación estratégica. Reuters informó el 29 de abril que BP firmó un memorando para desarrollar Cocuina-Manakin y explorar oportunidades conjuntas en Loran, en la zona marítima compartida con Trinidad y Tobago; el 1 de abril también reportó que Shell buscaba acceso a hasta 20 Tcf de gas venezolano, incluyendo áreas costa afuera orientales. Esa data muestra que el oriente no es un apéndice: es el espacio donde Venezuela podría vincular gas doméstico, integración regional y monetización más sofisticada del recurso.

Pero el error sería convertir esa promesa en un espejismo exportador y olvidar usos domésticos. La secuencia correcta es otra: primero usar el desarrollo gasífero oriental para fortalecer seguridad energética nacional y luego escalar proyección exportadora o integración con Trinidad y Tobago. Si el oriente se diseña solo para LNG o exportación indirecta mientras el sistema interno sigue frágil, la estrategia territorial quedará invertida. El país necesita que ese nodo contribuya a la reconstrucción nacional antes de convertirse en narrativa geopolítica.

Lo que no debe hacerse

No debe intentarse una recuperación homogénea del país como si cada región enfrentara el mismo problema. No debe concentrarse toda la política en la Faja al punto de dejar a Zulia atrapado en extracción sin energía útil. No debe tratarse Paraguaná como simple refinación separada del gas. Y no debe diseñarse el oriente como promesa exportadora desconectada de la seguridad energética interna.

Tampoco debe repetirse el error de medir el avance solo en producción agregada. Un país puede subir barriles y seguir perdiendo cohesión territorial. La evidencia reciente ya lo sugiere: el crecimiento potencial está llegando por acuerdos focalizados y por activos específicos, no por una recuperación homogénea del mapa nacional. Por eso la variable correcta no es solo cuántos barriles produce Venezuela, sino en qué nodos mejora simultáneamente producción, electricidad, combustibles y capacidad logística.

Recomendaciones

Primera: priorizar la Faja del Orinoco como motor de caja, pero atar cada expansión a infraestructura de mezcla, mejoramiento, almacenamiento y evacuación. Sin eso, subir producción pesada solo traslada el cuello de botella.

Segunda: tratar Zulia-Maracaibo como el primer territorio donde la política energética debe demostrar utilidad pública visible: más producción madura, sí, pero junto con alivio eléctrico y mejor manejo de gas. Allí la reconstrucción debe probar que no viene solo a extraer.

Tercera: gestionar Paraguaná-Cardón-Amuay como nodo integrado de combustibles y gas, no como refinerías aisladas. La fragilidad refinadora y el potencial de Cardón IV obligan a pensar este corredor como un sistema.

Cuarta: desarrollar oriente costa afuera con prioridad gasífera, pero subordinando la narrativa exportadora a la seguridad energética nacional y a la construcción de infraestructura útil para el país.

Quinta: medir la reconstrucción energética por corredores territoriales funcionales, no solo por cifras nacionales agregadas. Eso obliga a publicar datos por nodo sobre producción, gas útil, refinación, disponibilidad eléctrica y capacidad logística. La actual debilidad estadística del país vuelve esta recomendación todavía más importante.

Conclusión

La reconstrucción energética venezolana no debe empezar “en todo el país”. Debe empezar en pocos nodos donde el retorno económico, operativo y político sea mayor. La Faja debe ser motor de caja; Zulia, prueba territorial de que la energía puede devolver servicio y actividad; Paraguaná, pivote de combustibles y gas; y el oriente, reserva estratégica de diversificación gasífera. Pensar la energía como mapa y no solo como sector es lo que permite pasar de la consigna a la reconstrucción. Un país no se reordena por producir más en abstracto. Se reordena cuando los territorios que sostienen su energía vuelven a funcionar como sistema.

Lectura breve: Oxford Institute for Energy Studies, Rewiring Venezuelan Crude Oil. Es útil porque obliga a mirar la recuperación venezolana no como simple aumento de oferta, sino como reconfiguración de calidad de crudo, logística y capacidad de salida.

Ese es el riesgo venezolano.

No basta con decir que la renta no debe volver a tragarse al país. Hace falta convertir esa advertencia en una arquitectura fiscal concreta, verificable y políticamente defendible.

La discusión correcta no es si Venezuela debe usar ingresos petroleros para reconstruirse. Debe usarlos. La discusión seria es cómo impedir que esos ingresos vuelvan a financiar el mismo tipo de Estado que destruyó la República y nos sacó del “pasillo estrecho” de la Libertad (usando el concepto de Daron Acemoğlu y James Robinson).

Ese problema ya no es abstracto. Reuters reportó en abril de 2026 que la producción venezolana, incluyendo condensados y líquidos de gas, alcanzó 1,1 millones de barriles diarios en marzo, y que las exportaciones de crudo y combustibles superaron el millón de barriles diarios ese mismo mes por primera vez en seis meses. Es decir: el sector para esa fecha ya ha entrado otra vez en fase de movimiento operativo y de potencial ampliación de caja. Precisamente por eso el diseño fiscal no puede dejarse para después.

El problema exacto

El problema venezolano no es solo captar renta, sino desacoplar la renta del mando discrecional del Ejecutivo. Durante décadas, el país trató el ingreso petrolero no como patrimonio público sometido a reglas, sino como palanca de centralización, arbitraje territorial, expansión clientelar y sustitución de capacidad estatal ordinaria.

El resultado fue conocido: cuando subió el petróleo, subió también la ilusión de solvencia sin institucionalidad; cuando cayó, el país descubrió que había usado la renta para evitar construir un Estado capaz de vivir más allá de ella.

La reconstrucción exige romper esa secuencia. Pero romperla no significa “guardar todo” ni copiar mecánicamente un fondo soberano extranjero. Significa hacer cuatro cosas al mismo tiempo: suavizar el ciclo, proteger el presupuesto de la volatilidad, reservar recursos para inversión transformadora y evitar que el ahorro se convierta en coartada para dejar al país sin reconstrucción visible.

Ese equilibrio es más difícil de lo que parece, sobre todo en un país que regresa al sistema internacional con rezago estadístico severo, deuda enorme y necesidad urgente de legitimidad. El FMI considera probable un futuro apoyo a Venezuela, pero condiciona cualquier programa a “groundwork” previo, incluyendo mejor calidad y adecuación de datos para decisiones macroeconómicas y análisis de sostenibilidad de deuda. Ese requisito cambia el punto de partida: la regla fiscal venezolana no puede construirse como si el Estado ya contara con información completa y creíble; debe incorporar la reconstrucción de datos como parte del propio régimen fiscal.

Qué se entiende mal cuando se habla de un “fondo petrolero”

En Venezuela suele hablarse del fondo como símbolo moral: guardar para el futuro, evitar el despilfarro, ahorrar en las vacas gordas. Todo eso suena bien, pero es conceptualmente insuficiente. Un fondo sin regla de entrada, sin regla de salida, sin anclaje presupuestario y sin institución capaz de hacerlo cumplir puede terminar siendo solo otra cuenta del poder. Y aun más importante, ese fondo debe “moverse” y necesita una estrategia.

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Noruegos

Los casos comparados útiles enseñan precisamente eso. Noruega no funciona porque “tiene un fondo”, sino porque canaliza todos los ingresos petroleros al Government Pension Fund Global y sólo permite que el presupuesto use, a lo largo del ciclo, el rendimiento real esperado del fondo, estimado en 3%. El propio gobierno noruego define su marco así: preservar el valor real del fondo para generaciones futuras, aislar el presupuesto de fluctuaciones petroleras de corto plazo y dejar espacio para que la política fiscal actúe de manera contracíclica. El punto crucial no es el nombre del instrumento. Es la combinación entre regla de uso, presupuesto unificado y gestión profesional separada de la política diaria.

Chile y su renta cuprífera

Chile enseña otra lección distinta. Su referencia no es un gran ingreso petrolero, sino una regla de balance estructural que intenta aislar el presupuesto del precio corriente del cobre y del ciclo económico. La lógica es útil para Venezuela porque recuerda que no todo recurso natural debe administrarse con la misma tecnología institucional. Lo importante es desacoplar gasto corriente y precio spot, no fetichizar un formato único. La política de balance estructural chilena, explicada por la Dirección de Presupuestos y estudiada extensamente por el BID, sirvió para anclar decisiones fiscales en parámetros de mediano plazo y no en ingresos coyunturales.

Timor-Leste

Timor-Leste aporta una tercera lección, especialmente valiosa para países que salen de fragilidad institucional: todo ingreso petrolero entra primero al Petroleum Fund, y las transferencias al presupuesto se guían por el Estimated Sustainable Income, fijado en 3% de la riqueza petrolera total; si el gobierno quiere extraer más, debe justificarlo formalmente ante el Parlamento. Lo interesante no es solo el porcentaje, sino la obligación de explicar públicamente por qué se excede la senda sostenible. En Estados frágiles, esa capa de justificación política y parlamentaria es tan importante como la fórmula financiera.

La lección para Venezuela es nítida: no se necesita un fondo ornamental; se necesita un régimen fiscal de transición.

Qué debería contener la caja petrolera de transición

La propuesta seria para Venezuela no debe ser “todo al fondo” ni “todo al presupuesto”. Debe ser una arquitectura de cuatro bolsillos con reglas distintas.

1. Un canal único de ingreso

Toda renta petrolera y gasífera de titularidad pública debe entrar primero por una cuenta única del Estado, no por cajas paralelas de empresas, ministerios, fondos opacos o mecanismos extrapresupuestarios. Ese principio parece obvio, pero en Venezuela es revolucionario. Mientras parte del ingreso entre por canales que no pasan por contabilidad pública consolidada, la regla fiscal será una ficción.

Esto es exactamente lo que Noruega y Timor-Leste entendieron bien, cada uno a su escala: primero se concentra el ingreso, luego se decide cuánto se gasta y cuánto se ahorra. No al revés.

2. Un presupuesto corriente blindado de la volatilidad

El gasto corriente ordinario del Estado no debe depender del precio corriente del barril. Debe financiarse con una transferencia presupuestaria predefinida, basada en una referencia conservadora de ingreso permanente o estructural. Aquí Chile ofrece la intuición correcta: lo importante es que el presupuesto opere con una noción de ingreso tendencial, no con el precio del día. Para Venezuela, eso implica que educación, salud, nómina regular, seguridad y funcionamiento básico del Estado no pueden volver a subir y bajar con la cotización petrolera.

3. Un bolsillo de estabilización macroeconómica

Venezuela necesitará un componente explícito de estabilización. No por elegancia técnica, sino por supervivencia macroeconómica. El país sale de inflación extrema, fragmentación cambiaria, deuda elevada y reenganche con multilaterales. El Banco Central anunció auditorías externas sobre activos en el exterior y que la inflación anualizada en marzo de 2026 estaba en 649,4%. Eso hace todavía más importante separar una fracción de la renta para amortiguar shocks, sostener pagos prioritarios y evitar que cada caída de precios o retraso operativo se convierta en crisis cambiaria o fiscal inmediata.

Ese bolsillo no debe confundirse con ahorro intergeneracional puro. Su función es otra: darle al Estado capacidad de absorber volatilidad sin romper el presupuesto ni disparar otra espiral de financiamiento inflacionario. El trabajo reciente del FMI sobre marcos fiscales para países ricos en recursos va justo en esa dirección: propone reglas centradas más en asegurar protección frente a shocks que en intentar estimar con falsa precisión la riqueza total del subsuelo, algo especialmente útil para entornos volátiles y con capacidad institucional desigual.

4. Un bolsillo de inversión transformadora

La reconstrucción venezolana no puede tratar toda la renta como ahorro financiero, porque el país necesita reconstrucción física y estatal real. Pero tampoco puede usar “inversión” como etiqueta para repetir gasto político sin evaluación. Por eso hace falta un bolsillo separado para inversión transformadora, con una definición estricta: electricidad, agua, saneamiento, logística, salud pública crítica, catastro institucional, sistemas estadísticos y rehabilitación productiva priorizada. No subsidios indiscriminados, no expansión de nómina, no transferencias clientelares permanentes.

Aquí la regla debe ser más dura que el discurso. Cada desembolso de ese bolsillo tendría que estar sujeto a cartera priorizada, evaluación ex ante, publicación contractual y seguimiento físico-financiero. Si no, el componente de inversión se convertirá en la vieja puerta por la que la renta vuelve a colonizar el Estado.

Qué no debe hacerse

Primero, no usar a PDVSA ni a cualquier operador estatal como banco paralelo del gobierno. La empresa operadora no puede volver a ser al mismo tiempo extractor, recaudador, financiador de programas, pagador extrapresupuestario y administrador político de caja.

Segundo, no permitir retiros discrecionales fuera de regla. Timor-Leste ofrece una enseñanza sobria: incluso cuando el gobierno extrae por encima del ingreso sostenible estimado, debe justificarlo ante el Parlamento. Venezuela necesita una versión propia de esa disciplina. Exceder la regla debe ser posible solo por causales estrictas y con autorización reforzada.

Tercero, no comprometer gasto corriente rígido con ingresos transitorios. Esta es la trampa clásica del rentismo: se usa una fase de alivio como si fuera un cambio estructural permanente.

Cuarto, no copiar a Noruega mecánicamente. Noruega llegó a su regla con instituciones sólidas, alta confianza y una administración pública robusta. Venezuela sale de un colapso estatal. Lo transferible no es la escala del fondo ni el prestigio del modelo, sino tres principios: ingreso unificado, regla de uso y gestión profesional separada.

Economía política de la caja

Aquí aparece el núcleo duro. Una regla fiscal petrolera redistribuye poder antes de redistribuir dinero.

Pierden capacidad quienes hoy o mañana quieran usar la renta como instrumento de mando presidencial inmediato. Pierden también quienes viven de opacidad presupuestaria, fondos paralelos, contratos extrapresupuestarios y arbitraje cambiario ligado a ingresos petroleros.

Ganan, en cambio, los actores que necesitan previsibilidad: regiones que exigen asignaciones trazables, sectores productivos que dependen de estabilidad macroeconómica, multilaterales que piden cuentas auditables, tecnocracias que quieren presupuesto creíble y ciudadanos que necesitan servicios más que propaganda.

Por eso la regla fiscal no será bloqueada sólo por ignorancia económica. Será bloqueada por quienes entienden perfectamente que limitar la caja equivale a limitar poder. La coalición que la haga viable debe unir, como mínimo, a centro de gobierno, Hacienda, Banco Central, sector energético, parlamento y socios internacionales alrededor de un principio simple: la reconstrucción necesita usar la renta, pero no puede volver a organizarse alrededor de su arbitrariedad.

Diseño institucional mínimo

Para que esta caja de transición exista de verdad, hacen falta al menos cinco piezas.

La primera es una ley o marco especial de responsabilidad fiscal y gestión de renta extractiva.
La segunda es una cuenta única de ingresos extractivos con publicación periódica.
La tercera es un comité técnico independiente que estime ingreso estructural, supuestos de precio de referencia y retiro máximo compatible con estabilización.
La cuarta es una prohibición expresa de gasto extrapresupuestario por operadores estatales.
La quinta es una auditoría pública periódica de entradas, salidas, cartera de inversión y desvíos frente a la regla.

Venezuela ya está dando señales incipientes de mayor preocupación por auditoría y trazabilidad: El Banco Central y el gobierno de Estados Unidos contrataron firmas externas para auditar activos venezolanos en el exterior. Eso no sustituye una regla fiscal, pero confirma que el terreno político de la transparencia ya existe y puede aprovecharse.

Implementación por fases

En 100 días

Debe definirse el principio de ingreso único; prohibirse la nueva caja extrapresupuestaria; publicarse un esquema provisional de clasificación de ingresos petroleros y gasíferos; crearse una unidad técnica de transición fiscal extractiva; y fijarse una regla temporal de uso que separe presupuesto corriente, estabilización e inversión priorizada.

En 12 meses

Debe aprobarse el marco legal definitivo; quedar operativa la cuenta única; estar funcionando el comité técnico que calcule ingreso estructural o sostenible; publicarse el primer informe integrado de ingresos extractivos y transferencias; y definirse la cartera priorizada de inversión transformadora.

En 3–5 años

Venezuela debería tener un régimen maduro en el que el gasto corriente no dependa del precio spot, la estabilización macro cuente con colchón real, la inversión transformadora tenga trazabilidad, y el ahorro intergeneracional exista sin asfixiar la reconstrucción presente. Si en ese plazo la renta sigue entrando por varios canales y financiando gasto político por excepción, no habrá habido reforma fiscal petrolera, aunque exista un “fondo” con nombre elegante.

Cinco métricas auditables

1. Porcentaje de ingresos extractivos que entra efectivamente por cuenta única del Estado.

2. Participación del gasto corriente financiado por transferencias dentro de regla, y no por ingresos spot extraordinarios.

3. Saldo y uso del componente de estabilización frente a shocks de precio o producción.

4. Porcentaje de inversión transformadora con publicación completa de proyecto, contrato y avance físico-financiero.

5. Desviación anual entre la regla de retiro y el retiro efectivo, con justificación pública cuando se exceda.

Conclusión categórica

La renta petrolera no destruyó a Venezuela por existir. La destruyó porque entró sin regla, sin presupuesto creíble y sin límites al poder que la administraba. La reconstrucción exige exactamente lo contrario: ingreso unificado, uso presupuestario disciplinado, bolsillo de estabilización, bolsillo de inversión transformadora y barreras explícitas contra la reaparición de una caja presidencial paralela. Noruega enseña la lógica de la separación entre ingreso petrolero y gasto ordinario. Chile enseña a pensar en términos estructurales y no coyunturales. Timor-Leste enseña que incluso un país frágil puede obligar a justificar públicamente los retiros por encima de la senda sostenible. Venezuela no debe copiar ninguno como fetiche. Debe aprender la lección común de los tres: la renta solo ayuda a reconstruir cuando deja de mandar sobre el Estado.

Lectura breve: IMF, A New Fiscal Framework for Resource-Rich Countries. Es especialmente útil para Venezuela porque desplaza la discusión desde el fetiche del fondo hacia el diseño de reglas que aseguren protección frente a shocks, algo mucho más realista para un país que sale de colapso institucional.

El país ya pagó demasiado caro esa fragmentación. Cuando el gas se maneja como residuo del crudo, la electricidad se administra como crisis permanente y la política petrolera se diseña solo para exportar barriles, el resultado no es una estrategia energética: es un sistema roto.

La reconstrucción necesita otra lógica. El gas debe ser tratado como la pieza que conecta hidrocarburos, generación térmica, industria, estabilidad territorial y productividad. Esa es la bisagra olvidada. La propia serie ya había insinuado esta tesis al separar gas de petróleo y al recordar que la electricidad es infraestructura de Estado; ahora corresponde bajar esa intuición a mecánica real.

El punto de partida es contundente. El EIA estima que Venezuela tenía 195 Tcf de reservas probadas de gas natural en 2023, una de las mayores dotaciones del planeta y la más grande de Sudamérica según esa fuente. Pero el mismo informe subraya que el país produce muy por debajo de su potencial, carece de infraestructura suficiente y desperdicia parte del gas por reinyección forzada, venteo y quema. En otras palabras: Venezuela no tiene un problema de ausencia de recurso; tiene un problema de capacidad para convertir recurso en energía útil. (eia.gov)

Ese dato cambia la jerarquía de prioridades. El problema energético venezolano no empieza en la exportación de gas. Empieza mucho antes: en cómo usar ese gas para que el sistema eléctrico deje de depender de una mezcla inestable de hidroelectricidad vulnerable, generación térmica mal abastecida y fallas de red. El EIA señala que en 2021 la matriz de generación eléctrica venezolana era aproximadamente 64% hidroelectricidad, 25% gas natural y 11% petróleo y otros líquidos, y añade que la escasez de combustibles, incluido gas natural y diésel, dificultó la operación de plantas eléctricas. La conclusión es directa: si no se resuelve el abastecimiento de gas al parque térmico, la recuperación eléctrica seguirá siendo incompleta aunque suba la producción petrolera. (eia.gov)

El problema exacto

El problema no es simplemente “producir más gas”. El problema es mover el gas correcto hacia los usos correctos con la infraestructura correcta y bajo una gobernanza que no lo trate como desecho ni como promesa abstracta de exportación futura. Venezuela tiene que decidir si el gas será un apéndice subordinado a la lógica petrolera o una política nacional de estabilización productiva.

Eso importa ahora por tres razones. Primero, porque el sistema eléctrico sigue siendo una de las restricciones más severas para cualquier recuperación industrial y territorial. Segundo, porque parte del gas ya existe pero no se aprovecha bien. El Banco Mundial ubicó a Venezuela entre los nueve países con mayor volumen de gas quemado en 2024 a nivel mundial, lo que confirma que el país sigue destruyendo energía que podría alimentar generación, industria o monetización futura. Tercero, porque la propia reapertura del sector está empezando a reconocer esta urgencia: Reuters reportó que Eni y Repsol buscaban elevar la producción en Cardón IV de 580 a 645 millones de pies cúbicos diarios, mientras autoridades venezolanas insistieron en la necesidad de recuperar infraestructura gasífera y optimizar el manejo del gas asociado en el corto y mediano plazo. (worldbank.org) (reuters.com)

Lo que todavía se entiende mal

Todavía se habla del gas venezolano de dos maneras equivocadas. La primera lo trata como simple promesa exportadora, casi siempre atada a visiones de largo plazo sobre LNG, Caribe o Europa. La segunda lo relega a subproducto del petróleo. Ambas miradas son insuficientes. El gas venezolano, en esta etapa, no debe pensarse primero como gran narrativa geopolítica ni como residuo operativo. Debe pensarse como combustible de reconstrucción interna.

Eso no significa renunciar a exportar. Significa ordenar prioridades. Reuters informó que Eni, Repsol y PDVSA siguen conversando sobre potenciales exportaciones desde Cardón IV. El mismo cuadro sugiere la lección correcta: Venezuela puede explorar esa vía, pero hoy el uso más estratégico del gas no es vender una promesa lejana; es resolver cuellos domésticos inmediatos de generación, suministro y productividad. (reuters.com)

El diagnóstico estructural

1. Gas desaprovechado, sistema eléctrico frágil

El EIA recuerda que la producción de gas natural de Venezuela cayó de 1,12 Tcf en 2001 a 563 Bcf en 2021. También subraya que buena parte del gas se reinyecta para sostener producción petrolera o se pierde por falta de infraestructura y de capacidad de manejo. No se trata, entonces, de una simple caída coyuntural, sino de una degradación de sistema. Cuando un país con semejante base de reservas no logra traducir ese gas en electricidad confiable y combustible industrial, el problema ya no es de recurso: es de organización del sector. (eia.gov)

La quema es la manifestación más visible de ese fracaso. El Banco Mundial muestra que Venezuela se mantuvo en 2024 entre los mayores flarers del mundo. Esa energía perdida tiene un costo doble: ambiental y económico. Cada pie cúbico quemado es gas que no llega a plantas térmicas, no sustituye líquidos más caros, no respalda actividad industrial y no fortalece la seguridad energética. La quema no es solo una externalidad; es una prueba de incapacidad estatal y operativa. (worldbank.org)

2. La electricidad venezolana no se estabiliza sólo con represas

Durante años, el sistema se apoyó de forma muy intensa en la hidroelectricidad, sobre todo en el complejo de Guayana. Esa dependencia hizo pensar que el problema eléctrico venezolano era básicamente hidráulico.

No lo es.

El problema es de sistema: generación, respaldo térmico, combustible, transmisión, mantenimiento y despacho. El EIA muestra que la matriz seguía muy concentrada en hidroelectricidad en 2021 y, al mismo tiempo, reconoce que la escasez de gas y diésel limitó la operación del parque térmico. Por eso, cuando falla el componente térmico, la hidroelectricidad no actúa como fortaleza complementaria sino como dependencia riesgosa. (eia.gov)

La implicación es seria: el gas no compite con la electricidad; la hace posible. No es una agenda separada. Es el combustible que puede devolverle al sistema margen de respaldo, flexibilidad y menor vulnerabilidad operativa. Si Venezuela quiere reconstruir manufactura, comercio, servicios complejos y vida urbana estable, necesita electricidad más confiable. Y si quiere esa electricidad más confiable, necesita gas mejor capturado, procesado, transportado y asignado.

3. El gas también es política industrial

Aquí está una de las partes menos discutidas del tema. Cuando el gas falta o llega mal, el daño no se limita al sector eléctrico. Afecta costos industriales, sustitución de diésel, petroquímica, alimentos, cemento, acero, cerámica, vidrio y cadenas logísticas enteras. El gas es una variable de competitividad nacional. Por eso el error venezolano sería diseñar la política gasífera solo con ojos de upstream o solo con ojos de exportación. Debe mirarse también con ojos de recuperación productiva interna.

La economía política del gas

El gas tiene una desventaja política frente al petróleo: mueve menos imaginación rentista inmediata. El petróleo promete exportación rápida, caja visible y narrativa nacional. El gas exige infraestructura, coordinación y paciencia. Precisamente por eso suele perder en la pelea presupuestaria y burocrática. En un Estado rentista, el activo que más fácilmente se monetiza y centraliza tiende a imponerse sobre el que exige más capilaridad y más coordinación intersectorial.

Ese sesgo explica parte del rezago venezolano. Invertir en manejo de gas asociado, compresión, procesamiento, ductos y suministro térmico no da el mismo rédito político de corto plazo que anunciar aumento de barriles o nuevos bloques. Pero para la reconstrucción nacional, su valor puede ser mayor. El gas sirve menos para propaganda y más para reconstrucción. Y por eso mismo necesita una coalición política distinta: menos centrada en caja inmediata y más orientada a capacidad estatal, electricidad y productividad.

Aquí ganan con una buena política gasífera las regiones que necesitan suministro estable, la industria no rentista, el sistema eléctrico, los hogares y los operadores serios de largo plazo. Pierden espacio relativo quienes prefieren seguir administrando el sector bajo lógica de urgencia petrolera pura, quema tolerada y subsidio cruzado opaco. El conflicto no es técnico. Es una disputa entre dos jerarquías de poder: la del barril visible y la de la energía útil.

Qué debe hacer el Estado

La primera decisión es doctrinal: el gas debe entrar al centro de la estrategia de reconstrucción, no quedarse en la periferia de la política petrolera. Eso exige tratarlo como política de sistema.

La segunda decisión es operativa: priorizar tres usos por encima de los demás en la etapa inicial. Primero, abastecimiento al parque termoeléctrico para estabilizar generación. Segundo, captura y aprovechamiento del gas hoy quemado o mal manejado. Tercero, suministro a nodos industriales críticos. Solo después debe escalarse con más ambición la dimensión exportadora. Esa secuencia no niega exportaciones futuras; las ordena.

La tercera decisión es institucional: la gobernanza del gas no puede quedar diluida entre ministerio, PDVSA, filiales, operadores y sector eléctrico sin centro claro de coordinación. El gas es precisamente el tipo de activo que revela si un Estado puede coordinar funciones separadas. Si la política petrolera, la política eléctrica y la política industrial siguen caminando por carriles distintos, el gas seguirá perdiéndose entre burocracias.

La cuarta decisión es contractual: los nuevos contratos y adecuaciones del sector deben incluir incentivos explícitos para manejo del gas asociado, reducción de quema, infraestructura de superficie y abastecimiento útil, no solo metas de crudo.

Implementación por fases

En 100 días

Hay que identificar el mapa real del gas útil: qué se produce, qué se quema, qué se reinyecta, qué puede capturarse rápido y qué plantas térmicas podrían beneficiarse primero. También deben definirse nodos prioritarios de generación y consumo industrial, y publicarse un plan de emergencia de aprovechamiento de gas asociado.

En 12 meses

Debe haber proyectos concretos de compresión, procesamiento, transporte y suministro a plantas térmicas clave; una reducción medible de la quema en campos priorizados; y contratos o adecuaciones que premien aprovechamiento del gas, no solo extracción de crudo. También debería existir una mesa formal de coordinación gas-electricidad-industria con capacidad decisoria.

En 3–5 años

Venezuela debería tener una política gasífera madura: menos flaring, parque térmico más estable, mayor suministro industrial, mejor integración territorial y una base más sólida para exportaciones o swaps regionales. Si en ese plazo el gas sigue subordinado a la improvisación petrolera, la reconstrucción habrá desperdiciado uno de sus pocos atajos serios.

Cinco métricas auditables

1. Volumen de gas quemado y su reducción anual, porque sin eso no hay prueba de cambio estructural. (worldbank.org)

2. Gas entregado efectivamente al parque termoeléctrico, no solo gas producido.

3. Disponibilidad de generación térmica en nodos priorizados, para medir si el gas está mejorando electricidad real. (eia.gov)

4. Gas útil destinado a nodos industriales clave, como indicador de recuperación productiva.

5. Inversión en infraestructura gasífera de superficie y transporte, porque sin infraestructura el recurso no se convierte en sistema. (reuters.com)

Conclusión categórica

Venezuela no reconstruirá su sistema energético si sigue tratando el gas como apéndice del petróleo. El gas es la bisagra olvidada porque conecta lo que el país ha venido discutiendo por separado: petróleo, electricidad, industria, productividad y territorio.

Lectura breve: World Bank, Flaring Management Guidance for the Oil and Gas Industry. Es útil porque muestra algo crucial para Venezuela: reducir quema no es solo una agenda ambiental; es una forma concreta de convertir pérdida operativa en energía disponible para desarrollo.

La segunda es querer reorganizarlo todo de golpe, revisando cada contrato, redefiniendo cada órgano, reabriendo cada expediente y prometiendo una pureza institucional que el propio Estado no tiene todavía capacidad para ejecutar.

Ambas rutas son malas.

La primera conserva la opacidad. La segunda puede paralizar producción, inversión y recuperación de caja. La única salida seria es una transición ordenada: desmontar el desorden sin detener el sistema. Esa debe ser la tesis central de esta fase de la serie.

No hay fuentes fiables

El contexto jurídico de 2026 vuelve esta pregunta ineludible. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abrió nuevas vías de participación privada, incluyendo contratos para actividades primarias con privados domiciliados en Venezuela, pero al mismo tiempo dejó una tarea de adecuación masiva: el propio régimen transitorio prevé que el ministerio evalúe las empresas mixtas constituidas antes de la reforma dentro de 180 días, y que los contratos de participación productiva y otros modelos suscritos al amparo de la Ley Antibloqueo mantengan su plena validez y eficacia jurídica mientras se realizan las adecuaciones necesarias dentro del mismo plazo.

Además, la disposición transitoria ordenó al ministerio dictar en 30 días las normas del impuesto integrado de hidrocarburos. En teoría, por tanto, la ley ya reconoce que el sector entra a una fase de transición contractual y tributaria. En la práctica, Reuters reportó en abril de 2026 que los modelos contractuales y la regulación tributaria seguían sin publicarse para ese entonces, y que las revisiones iban retrasadas respecto del cronograma inicial.

Ese desajuste entre texto legal y capacidad administrativa define el problema exacto. Venezuela no necesita una transición perfecta; necesita una transición gobernable. El país no parte de instituciones robustas, de información completa ni de equipos regulatorios plenamente normalizados. El FMI retomó relaciones formales con Venezuela, y Kristalina Georgieva subrayaba días después que la “adecuación de datos” del país estaba muy por debajo de lo necesario para tomar decisiones sólidas y evaluar sostenibilidad.

Evidentemente no se van a construir datos fiables de la noche a la mañana si poco o nada era medido para evitar auditorías. Recordemos que ya desde 2006 se decía que el gobierno chavista era inauditable. Eso significa que la reconstrucción energética no puede diseñarse como si existiera un Estado con archivos completos, estadísticas confiables, órganos coordinados y procedimientos maduros. Hay que trabajar con una restricción más dura: el Estado venezolano debe reformar el sector mientras reconstruye su propia capacidad para entenderlo, medirlo y supervisarlo.

El error que debe evitarse

Aquí conviene fijar una regla. No se debe confundir limpieza institucional con borrón indiscriminado.

En sectores complejos y deteriorados, el impulso moral de “revisarlo todo” suele chocar con un hecho básico: la producción no puede ponerse entre paréntesis mientras el Estado se organiza. Las empresas interesadas en entrar o expandirse en Venezuela seguían esperando modelos de contrato en abril de 2026, definiciones fiscales y contrapartes con autoridad real para negociar; también señaló que muchos funcionarios del ministerio y de PDVSA carecían de autoridad individual para cerrar términos o suministrar información específica sobre campos e instalaciones. Esa combinación ya es suficientemente riesgosa. Si a ella se añadiera una revisión indiscriminada de todos los activos, derechos y contratos sin secuencia ni priorización, la señal al mercado sería devastadora y el propio Estado perdería tiempo, caja y credibilidad.

El problema, por tanto, no es si revisar o no revisar. Es qué revisar primero, con qué estándar, bajo qué protección de continuidad operativa y con qué criterio de riesgo.

Qué significa una transición gobernable

Una transición gobernable en el upstream venezolano debe partir de cuatro principios.

Continuidad operativa protegida

La ley de 2026 ya reconoce algo importante: las empresas mixtas preexistentes y los contratos de participación productiva no desaparecen por el solo hecho de la reforma; se someten a adecuación dentro de un período de 180 días, y además la norma transitoria prohíbe que ese proceso implique una desmejora de las condiciones acordadas con quienes han realizado o realizan la gestión integral de esas operaciones. Ese detalle importa mucho. No es un regalo a operadores previos; es un reconocimiento implícito de que una transición sectorial no puede construirse destruyendo de un plumazo los incentivos de quienes hoy sostienen parte de la actividad.

Jerarquización del riesgo

No todos los contratos, campos, socios ni pasivos tienen la misma importancia sistémica. Algunos proyectos afectan exportaciones inmediatas; otros son más relevantes para gas, electricidad o abastecimiento interno; otros tienen más exposición litigiosa o más incertidumbre de beneficiario real. Un Estado débil no puede pretender resolver todo al mismo tiempo. Tiene que clasificar. La transición necesita un mapa mínimo de criticidad: qué activos sostienen caja rápida, qué activos sostienen seguridad energética, qué contratos presentan mayor riesgo de opacidad o conflicto, y qué expedientes pueden esperar una segunda ola de depuración.

Doble carril institucional

El sector no puede quedarse esperando a que la arquitectura final esté completa. Debe operar en paralelo una vía de estabilización rápida y una vía de institucionalización más lenta. La primera asegura continuidad, modelos provisionales, flujo de autorizaciones y mínima trazabilidad. La segunda construye la agencia regulatoria, la separación de funciones, el régimen de publicación y el rediseño permanente del sector. Cuando un país colapsado intenta hacer solo la segunda, paraliza. Cuando hace solo la primera, perpetúa el desorden.

Certeza procedimental antes que grandilocuencia política

A los operadores no les basta una narrativa de apertura; necesitan saber con quién negocian, bajo qué plantilla contractual, qué impuestos aplican, qué autorizaciones requiere cada cesión de derechos y cómo se resolverán diferencias. Reuters mostró con claridad que el retraso de los modelos contractuales y de la regulación fiscal está siendo uno de los principales frenos de decisión. La incertidumbre no siempre nace de mala ley; muchas veces nace de mala administración de la transición.

Lo que debe hacerse primero

La prioridad número uno no es firmar más contratos. Tampoco es reabrir todos los anteriores. La prioridad es crear una célula de transición contractual y operativa con poder real, mandato acotado y criterios públicos mínimos. Esa célula no debe sustituir la institucionalidad futura; debe evitar que el vacío entre la reforma legal y la nueva gobernanza se convierta en un pantano.

Su primera tarea tendría que ser inventariar el universo contractual en cuatro grupos:

• empresas mixtas heredadas;

• contratos de participación productiva y otros contratos bajo la Ley Antibloqueo;

• nuevas oportunidades upstream bajo el artículo 40;

• y proyectos de gas, midstream o downstream que dependan de modelos todavía no emitidos.

Esa clasificación parece elemental, pero en Venezuela ya es una reforma en sí misma: sin mapa contractual único, no hay transición; solo hay expedientes dispersos. La necesidad de ese inventario se vuelve aun más obvia cuando el FMI señala que el país debe mejorar drásticamente calidad y adecuación de datos antes de aspirar a un programa serio.

La segunda tarea es fijar un protocolo de continuidad operativa. Todo activo que sostenga producción, exportación, gas útil o infraestructura crítica debe contar con reglas de transición que protejan operación mientras se revisan términos. Eso incluye preservación temporal de pagos, permisos operativos, acceso a instalaciones y facultades mínimas de gestión. La reforma no puede convertirse en un limbo donde nadie sabe si puede invertir, vender, mantener equipos o contratar servicios. Ese tipo de vacío mata más proyectos que una mala regalía.

La tercera tarea es publicar modelos contractuales provisionales o matrices de términos esenciales, aunque la versión final tarde más. La información de Reuters es reveladora precisamente porque muestra que la demora administrativa ya está frenando decisiones. En un contexto de reenganche internacional y renovado interés de firmas de servicios, como Halliburton, que ya informó estar discutiendo términos comerciales y evaluando retomar operaciones en Venezuela, el costo de la indeterminación crece día a día. Un país no necesita tener todo cerrado para publicar el esqueleto de sus reglas. Necesita, sí, evitar que la indefinición se vuelva política pública.

Qué contratos deben respetarse, cuáles adecuarse y cuáles auditarse a fondo

Aquí hace falta una regla sobria. La transición debe presumir continuidad, no pureza retroactiva, salvo donde existan señales serias de nulidad, opacidad extrema, conflicto de interés o incumplimiento sustancial. Lo contrario sería inviable.

Los contratos que hoy sostienen operación real, generan producción verificable y no presentan señales evidentes de vicios graves deben pasar por un proceso de adecuación, no de demolición. La propia ley transitoria ofrece base para ese enfoque al conservar su validez y eficacia mientras se ajustan a la LOH reformada.

Los contratos celebrados bajo esquemas excepcionales o poco transparentes deben ser revisados con un criterio de materialidad: beneficiario real, contraprestación, obligaciones de inversión, acceso a comercialización, trazabilidad de pagos y situación de cumplimiento. El objetivo no debe ser castigar políticamente el pasado, sino separar tres universos: contratos rescatables, contratos renegociables y contratos litigables. Esa clasificación es indispensable porque, sin ella, el Estado mezcla continuidad con saneamiento y termina gestionando ambas mal.

Y los nuevos contratos del artículo 40 exigen un tratamiento todavía más cuidadoso. La principal innovación de la LOH 2026: privados domiciliados en Venezuela pueden ejecutar directamente actividades primarias mediante contrato con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales; la empresa operadora asume la gestión integral a su costo y riesgo, previa aprobación ministerial del plan de negocio, y la contratación queda excluida de la Ley de Contrataciones Públicas. Precisamente por eso, esos contratos no pueden entrar al sistema como una caja negra. Si la ley los dota de flexibilidad extraordinaria, la transición debe compensarlo con exigencias más altas de elegibilidad, publicación, conflicto de interés y trazabilidad.

Qué depende de ley y qué depende de administración

Uno de los errores más frecuentes en Estados colapsados es atribuirle todo al déficit legal. En este caso, buena parte del problema ya no es legislativo. La ley cambió. Lo que falta ahora es administración de la transición.

Depende de la ley, o de normas de igual jerarquía, la definición general del régimen de participación, la estructura tributaria básica y las facultades de comercialización directa. La reforma ya avanzó en eso y derogó piezas relevantes del régimen anterior, incluida la ley de 2009 que reservaba al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias. Acceso a la Justicia también destaca nuevas exenciones impositivas y la autorización para que operadoras mixtas y privadas domiciliadas en Venezuela puedan comercializar directamente toda o parte de su producción bajo autorización del Ejecutivo.

Pero depende de la administración —y por tanto del diseño inmediato del gobierno— casi todo lo que hoy está trabado: modelos de contrato, cronograma de revisión, criterios de idoneidad, emisión de reglas fiscales específicas, identificación de contraparte con autoridad, información técnica sobre campos e instalaciones y coordinación con autorizaciones externas cuando aplique. Reuters fue explícita al señalar que la falta de modelos y de funcionarios con autoridad clara está frenando decisiones de inversión incluso después de aprobada la reforma.

La conclusión es simple: Venezuela ya no está principalmente en la fase “qué ley queremos”, sino en la fase “qué administración puede ejecutar la ley sin devorar la operación”.

Implementación por fases

En 100 días

Debe instalarse la célula de transición; construirse un inventario contractual y operativo único; clasificarse activos y contratos por criticidad; emitirse matrices de términos provisionales para nuevas negociaciones; y publicarse un protocolo de continuidad operativa para empresas mixtas, contratos heredados y servicios críticos. También debe definirse qué expedientes requieren auditoría prioritaria y cuáles solo adecuación normativa. Si no se logra esto en 100 días, el país entrará a la segunda mitad del año con ley nueva y sistema viejo.

En 12 meses

Deben cerrarse las adecuaciones de contratos heredados de mayor peso sistémico; quedar publicadas las plantillas contractuales definitivas; entrar en operación un registro de beneficiarios reales y de adendas; consolidarse un tablero de producción, exportaciones, pagos y cumplimiento; y empezar a separarse con mayor nitidez la función de política, la función regulatoria y la función operativa. En ese momento también debería estar claro qué parte del universo contractual se mantendrá, cuál se renegociará y cuál pasará a controversia.

En 3 a 5 años

El objetivo ya no debe ser administrar transición, sino haberla superado. Para entonces Venezuela debería contar con una arquitectura estable de gobernanza del sector, una agencia funcional o equivalente robusto, reglas previsibles de publicación y control, y una caja energética sometida a criterios fiscales e institucionales distintos del presidencialismo rentista clásico. Si a los cinco años el sector sigue dependiendo de excepciones, revisiones ad hoc y autorizaciones opacas, la transición habrá fracasado aunque la producción haya subido.

Cinco métricas auditables

Primero, porcentaje del universo contractual clasificado e inventariado dentro del cronograma de transición.
Segundo, número de contratos adecuadamente revisados y reencuadrados sin interrupción operativa.
Tercero, tiempo promedio entre manifestación de interés e identificación de contraparte con autoridad negociadora.
Cuarto, publicación efectiva de modelos contractuales, reglas tributarias y adendas relevantes.
Quinto, producción y exportación sostenidas durante la transición, para medir si el saneamiento está preservando operación o destruyéndola.

Riesgos y errores clásicos

El primer error sería convertir la transición en una revancha administrativa. Eso destruiría continuidad sin crear institucionalidad. El segundo sería usar la continuidad como excusa para no revisar nada relevante. Eso consolidaría el desorden heredado. El tercero sería producir un régimen tan excepcional y tan opaco que el “orden” nuevo no sea más que un arbitraje mejor vestido. El cuarto sería subordinar todo a la urgencia fiscal y terminar firmando rápido lo que luego el país no podrá defender legalmente ni sostener políticamente. El quinto sería olvidar que, sin datos suficientes, el Estado tiende a revisar por intuición, no por evidencia. Y eso, en un sector de esta escala, suele ser la antesala de nuevos privilegios.

Conclusión categórica

La transición energética venezolana no debe escoger entre continuidad ciega y purga paralizante. Debe escoger entre caos administrado y transición gobernable. La ley de 2026 ya abrió el sector y ya reconoció un período de adecuación para contratos heredados; el problema ahora es que la administración todavía no ha producido, con la velocidad necesaria, los modelos, reglas y contrapartes que convierten una reforma legal en una política operable. Venezuela no necesita reabrirlo todo ni destruirlo todo. Necesita clasificar, priorizar, proteger continuidad operativa y separar saneamiento de parálisis. El país no saldrá del desorden si intenta corregirlo apagando la máquina. Saldrá cuando aprenda a repararla mientras sigue andando.

La reforma energética venezolana es, antes que nada, una reforma de poder. Y por eso su principal prueba no será geológica ni financiera, sino política e institucional.

La pregunta central ya no es si el sector puede abrirse. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 ya abrió nuevas vías de entrada al upstream, incluyendo contratos para actividades primarias con participación privada directa, además de la vía indirecta tradicional mediante empresas mixtas. El problema real es otro: quién controlará esa apertura, bajo qué reglas, con qué discrecionalidad y a favor de qué coalición de poder.

Cambio de doctrina… nuevamente

Ese punto cambia por completo la conversación. En la vieja discusión petrolera venezolana, el conflicto era si se flexibilizaba o no una reserva estatal muy rígida. En la discusión actual, el riesgo es más sofisticado: una apertura legalmente más amplia pero políticamente capturable. La nueva LOH permite que empresas privadas domiciliadas en Venezuela participen directamente en actividades primarias mediante contratos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales; al mismo tiempo, ese esquema conserva autorizaciones ministeriales cruciales y excluye esa contratación del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. Eso significa que la apertura ya no depende solo de una decisión legislativa. Depende de cómo se administre un nuevo espacio de asignación de derechos económicos de enorme valor.

Aquí aparece la primera verdad incómoda del tema: toda reforma que ordene energía en Venezuela desordena privilegios previos. Si el país separa operador, regulador y caja, pierde poder todo actor que haya prosperado precisamente gracias a su mezcla.

Si se publica mejor la información contractual, pierde margen quien vive de la opacidad. Si se fijan criterios impersonales para idoneidad técnica y financiera, pierde capacidad de arbitraje quien antes decidía por proximidad política, lealtad burocrática o utilidad coyuntural. Y si la renta deja de circular como caja ejecutiva de libre disposición, pierden influencia quienes han hecho carrera dentro del hiperpresidencialismo rentista clásico o de su mutación autoritaria más reciente. Admitimos que nada de lo que está ocurriendo será perpetuo. El cambio de la administración estadounidense en 2028 abrirá el compás para que se reconfigure la industria petrolera venezolana.

Eso ya estaba implícito en la serie sobre soberanía, renta y reequilibrio institucional; ahora toca decirlo de frente: la reforma energética venezolana tendrá enemigos concretos porque toca los mecanismos reales de mando del Estado rentista.

El problema exacto

El problema no es solo que haya intereses creados. Eso ocurre en cualquier reforma seria. El problema venezolano es más agudo: muchos de esos intereses están incrustados en la propia arquitectura administrativa, contractual y territorial del sector. No son solo “lobbies externos” o grupos privados presionando desde afuera. Son también burocracias, estructuras de nombramiento, intermediarios de contratación, operadores territoriales, redes de comercialización y actores que controlan el acceso a activos, permisos, información o áreas operativas. En un país así, la reforma no tropieza únicamente con ideología. Tropieza con una economía política de la discrecionalidad. Y esa economía política se vuelve aún más fuerte cuando la ley abre puertas nuevas pero deja amplios espacios de autorización, validación y excepción en manos del ministerio y de empresas estatales o sus filiales.

Primer bloqueador: la burocracia que perdería arbitraje

El primer actor que puede bloquear, ralentizar o capturar la reforma es la propia burocracia sectorial y central que hoy o mañana controle las compuertas de autorización. Bajo la LOH de 2026, el ministerio conserva facultades decisivas: puede aprobar planes de negocio, autorizar cesiones de derechos, revocar derechos previamente otorgados por incumplimiento y autorizar uso de activos, áreas operacionales y áreas delimitadas. Eso significa que una parte muy importante del valor económico del nuevo régimen no está solo en el texto legal, sino en la administración del permiso. Allí se incuban dos caminos posibles: o una transición ordenada hacia reglas impersonales, o una nueva economía política del visto bueno. La burocracia que ha vivido del control discrecional de expedientes, autorizaciones y designaciones no necesita sabotear la reforma abiertamente; le basta con administrarla de manera opaca, lenta o selectiva.

Segundo bloqueador: las redes de contratación y la intermediación opaca

El segundo foco de resistencia será el universo de redes empresariales, contratistas y operadores que prefieren un sistema con excepciones negociables antes que uno con reglas públicas, comparables y verificables. La razón es simple. Si la contratación para actividades primarias queda fuera del régimen ordinario de contrataciones públicas, el valor político del acceso a la decisión administrativa aumenta. En abstracto, un régimen especial puede justificarse por la complejidad técnica del sector. Pero en un Estado con institucionalidad erosionada, la excepcionalidad sin contrapesos puede convertirse en premio para quienes mejor navegan la cercanía al poder. Por eso el problema no es solamente jurídico. Es distributivo: quién gana valor cuando la entrada al upstream depende menos de un procedimiento general y más de un circuito de validación política y técnica concentrado. Esa es una fuente obvia de captura si no se compensa con publicación contractual, criterios ex ante, trazabilidad de beneficiarios reales y auditoría independiente.

Tercer bloqueador: las élites acostumbradas a una caja sin separación de funciones

La serie ya venía marcando un punto decisivo: mientras PDVSA, agencia y fondo no estén claramente diferenciados, la renta seguirá siendo un instrumento de mando antes que una palanca de reconstrucción. Ese diagnóstico no es retórico. Es una advertencia sobre quién perdería poder si la reforma se hiciera bien. Perderían peso relativo los sectores que han administrado energía como extensión del Ejecutivo central, como mecanismo de disciplinamiento territorial o como caja de compensación política. La resistencia no vendrá solo de quienes se oponen a la apertura privada. También vendrá de quienes aceptarían la apertura siempre que la caja siga concentrada y la información siga fragmentada. En otras palabras, hay actores dispuestos a convivir con inversión privada, pero no con un Estado que publique mejor, audite mejor y separe mejor. Ese es uno de los nudos más delicados de la reforma.

Cuarto bloqueador: quienes ganan con un operador estatal ambiguo

La nueva LOH abre participación directa privada, pero mantiene a las empresas de exclusiva propiedad de la República o a sus filiales como contrapartes estructurales de esos contratos. Eso deja viva una zona gris importante: la reforma puede usarse para reordenar funciones o para multiplicar intermediaciones. Si esas empresas estatales y filiales funcionan como vehículos técnicos claros, el sistema gana orden. Si funcionan como capas superpuestas de control, cesión y sub-licencia política, el sistema gana complejidad y opacidad. Allí hay otro foco de bloqueo: quienes prefieren que el operador estatal o paraestatal siga siendo suficientemente ambiguo como para concentrar decisiones, repartir acceso y negociar excepciones. La ley no elimina ese riesgo; simplemente lo traslada al terreno del diseño institucional y de la práctica administrativa.

Quinto bloqueador: los actores territoriales que viven de la fragmentación

La reconstrucción energética no ocurre en el vacío ni en Caracas. Ocurre sobre activos, redes, puertos, áreas operativas y territorios concretos. Eso significa que cualquier intento de ordenar permisos, contratos, suministro, seguridad operativa o recuperación de infraestructura afectará equilibrios regionales y cadenas informales de poder. En países con instituciones fuertes, ese conflicto se procesa por canales relativamente previsibles. En Venezuela, donde la relación entre centro, territorios, cuerpos de seguridad, redes locales y supervivencia económica ha estado mediada durante años por arbitrariedad, informalidad y excepcionalidad, la reordenación sectorial necesariamente toca intereses instalados en el terreno. No todos esos actores son “mafias” ni todos son ideológicos. Muchos simplemente sobreviven o dominan gracias a la fragmentación. Y un sistema más ordenado, por definición, reduce el valor de su posición actual. Esta inferencia no proviene de una fuente única sino de la lógica histórica del petroestado venezolano y del problema de reequilibrio del poder ya trabajado en la serie.

Sexto bloqueador: la urgencia fiscal del propio gobierno

Hay una forma de bloqueo menos visible y más peligrosa: la prisa. Un gobierno de transición o de reconstrucción puede decir correctamente que necesita caja rápida para estabilizar la economía, recuperar servicios y reconstruir legitimidad. Eso es cierto. Pero precisamente por eso puede caer en la tentación de privilegiar velocidad sobre arquitectura. Cuando eso ocurre, la reforma deja de diseñarse para durar y empieza a diseñarse para monetizar lo antes posible. La consecuencia suele ser conocida: contratos rápidos, criterios poco claros, rendición de cuentas diferida, concentración de firma y uso político de ingresos extraordinarios. Así fracasan muchas aperturas en Estados débiles: no porque la política las rechace, sino porque la urgencia las devora. La tesis de la serie sobre la renta como instrumento que no debe volver a tragarse al país va exactamente en esa dirección.

Quién ganaría con una reforma bien diseñada

La reforma no tiene solo perdedores. También crea ganadores potenciales, y entenderlos es clave para construir coalición.

Ganaría, primero, una tecnocracia estatal profesional que prefiera reglas, publicación y separación funcional por encima del arbitraje personal. Ganarían también inversionistas serios de largo plazo, nacionales o internacionales, que valoran previsibilidad contractual más que acceso privilegiado. Ganarían regiones productivas si la recuperación energética se traduce en infraestructura, electricidad y empleo formal mejor coordinado, no solo en flujo centralizado de caja. Ganaría el sector privado no rentista si el gas, la electricidad y la recuperación logística reducen costos sistémicos y permiten actividad productiva más allá del enclave extractivo. Y ganaría, sobre todo, cualquier coalición reformista que entienda que la legitimidad de la apertura no vendrá del discurso “pro mercado”, sino de demostrar que el nuevo régimen produce más capacidad pública y menos arbitrariedad. Esta es una inferencia política consistente con la propia serie y con la nueva arquitectura legal.

La coalición que haría viable la reforma

Aquí está el centro de gravedad de la pieza. La reforma energética solo será viable si se sostiene sobre una coalición que quiera simultáneamente inversión y límites. Inversión sin límites reproduce la vieja caja. Límites sin inversión paralizan la recuperación. La coalición necesaria tendría que reunir, al menos, a cinco núcleos: un centro de gobierno que entienda que separar funciones fortalece y no debilita al Estado; equipos técnicos sectoriales capaces de diseñar contratos y supervisión; actores privados que prefieran certidumbre a discrecionalidad; regiones que exijan beneficios visibles y no solo extracción; y sectores políticos que acepten que la legitimidad de la reconstrucción depende de mostrar resultados rápidos sin repetir el patrón rentista clásico. Ninguno de esos grupos basta por sí solo. La clave es su articulación.

Eso exige compensaciones. La burocracia perderá arbitraje y querrá preservar espacios. Las regiones productivas exigirán participación tangible. Los sectores fiscales pedirán caja inmediata. Los inversionistas querrán seguridad. La sociedad pedirá resultados. La forma seria de resolver esa tensión no es negar el conflicto, sino secuenciarlo: reglas mínimas primero, apertura operacional después, institucionalización fiscal y territorial a continuación. La economía política de la reforma no se supera con moralismo. Se supera con diseño.

Qué debe hacerse para que la apertura no sea capturada

La prioridad no es escribir más retórica sobre soberanía o inversión. La prioridad es construir barreras concretas contra la captura. El nuevo régimen necesita, como mínimo, criterios públicos de elegibilidad técnica y financiera para operadores; publicación obligatoria de contratos, anexos y adendas; registro de beneficiarios reales; cronograma verificable de pagos y contraprestaciones; reglas de conflictos de interés; y una instancia separada de monitoreo que no coincida con el actor que negocia y asigna. Nada de eso aparece como blindaje suficiente; por eso el problema ya no está en abrir la puerta, sino en gobernarla.

También necesita una decisión política de fondo: no permitir que la excepcionalidad contractual se convierta en forma permanente de gobierno del sector. En algunos momentos, un régimen especial puede ser útil. Pero si la excepción sustituye a la institucionalidad, el país no habrá reformado el upstream; habrá sofisticado la discrecionalidad. Ese es el tipo de fracaso que en Venezuela suele confundirse con “avance” porque produce movimiento, firmas y anuncios.

Aquí sostenemos lo contrario: una apertura que no reduzca arbitrariedad no reconstruye el Estado; solo cambia de beneficiarios. Esa es la prueba real.

Conclusión categórica

La reforma energética venezolana no será bloqueada principalmente por quienes odian la inversión privada. Será bloqueada, ralentizada o capturada por quienes perderían poder si la apertura deja de ser discrecional.

El nuevo marco legal del upstream ya abrió una puerta relevante, pero esa puerta puede conducir a dos destinos opuestos: una reconstrucción con reglas, separación funcional y capacidad estatal, o una nueva economía política del permiso, la excepción y la caja opaca. El conflicto decisivo no es entre estatismo y mercado. Es entre un orden energético gobernado por instituciones impersonales y otro administrado por compuertas de poder. Venezuela no necesita solo abrir el sector. Necesita impedir que la apertura sea devorada por el mismo tipo de Estado que destruyó la República.

Lectura breve: Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty. Sigue siendo una referencia central porque muestra cómo los Estados petroleros no colapsan solo por mala economía, sino por cómo la renta reordena poder, burocracia, incentivos y conflicto político.

Eso obliga a corregir un error de lenguaje y de enfoque. Cuando se dice que Venezuela debe “empezar por el petróleo”, muchas veces se sugiere, aunque no se diga explícitamente, que la prioridad es elevar producción y capturar caja. Pero un país puede producir más y reconstruir menos. Si el ingreso vuelve a entrar a una estructura que concentra discrecionalidad, mezcla regulador con operador, politiza contratos, oculta cuentas y subordina inversión a urgencias fiscales, la expansión extractiva no reconstruye: solo alimenta otra ronda de arbitraje, captura y dependencia. Esa es precisamente la advertencia de fondo que ya recorre los textos de la serie sobre palanca de transición, ventana petrolera, separación entre PDVSA-Agencia-Fondo, uso de la renta, gas y electricidad.

El problema exacto

El problema que Venezuela debe resolver no es “cómo sacar más crudo” en abstracto. Es otro: cómo usar el sector energético para reconstruir rápidamente estabilidad macroeconómica, balanza externa, infraestructura crítica y confianza de inversión sin permitir que la energía vuelva a organizar el poder político como lo hizo el petroestado clásico. Ese es el punto de partida correcto.

Importa ahora por tres razones. Primero, porque la industria sigue siendo el único sector con escala potencial para mover divisas, caja fiscal y señal de reinserción en plazos relativamente cortos. Segundo, porque la ventana internacional existe, pero no es eterna: la IEA prevé que la demanda global de petróleo aumente hasta una meseta cercana a 105,5 millones de barriles diarios hacia 2030, con desaceleración clara del crecimiento a lo largo de la década, mientras OPEC sostiene un escenario mucho más expansivo y sin pico visible en el horizonte largo. La lectura prudente para Venezuela no es casarse con un pronóstico, sino entender que hay oportunidad, pero también límite temporal e incertidumbre estructural. Tercero, porque en 2026 la reapertura venezolana ya no es hipotética: Reuters reporta reforma legal aprobada en enero, nuevas operaciones y expansión de exportaciones, pero también retrasos en los modelos contractuales que siguen esperando los inversionistas.

Lo que todavía se entiende mal

Todavía se discute el tema como si hubiera dos opciones simples: volver al viejo esquema petrolero o renunciar al petróleo en nombre de una pureza post-rentista. Ambas posturas son intelectualmente pobres y administrativamente inútiles. Venezuela no está eligiendo entre fetiche extractivo y virtud antiextractiva. Está eligiendo entre usar energía como plataforma de transición o dejar que la urgencia convierta otra vez la energía en una caja política.

La serie ya venía insinuando correctamente que petróleo y gas debían servir como puente, no como destino. Lo que toca ahora es precisar la traducción institucional de esa idea: si el país quiere reconstruir rápido, debe empezar por el punto donde se cruzan producción, gobernanza y capacidad administrativa. En otras palabras, no por el pozo, sino por la arquitectura que decide quién autoriza, quién contrata, quién regula, quién cobra, quién publica y quién audita.

El diagnóstico estructural

1. La herencia histórica: el petróleo no solo financió al Estado; lo deformó

La historia venezolana vuelve una y otra vez al mismo núcleo: el problema no fue únicamente depender del petróleo, sino permitir que la renta petrolera organizara la relación entre Ejecutivo, burocracia, élites económicas y territorio. El presidencialismo petrolero convirtió la caja energética en eje de nombramientos, contratos, arbitraje territorial y disciplinamiento político. Ese patrón sobrevivió a distintos regímenes y terminó mutando, bajo el chavismo, en una versión más opaca, más militarizada y más destructiva de la misma lógica.

Por eso el dilema de hoy no es meramente técnico. Incluso una apertura económicamente sensata puede fracasar si deja intacta la matriz de concentración de poder. La pregunta central sigue siendo la que ya asomaba en la propia serie: cómo usar el petróleo sin dejar que el petróleo vuelva a gobernar la política.

2. La restricción institucional: Venezuela no parte de un Estado funcional

El país no enfrenta solo un problema de inversión o de diseño legal. Entra a esta etapa con una debilidad de Estado excepcional: contratos por redefinir, aparatos administrativos degradados, instituciones económicas con credibilidad erosionada y una base estadística insuficiente incluso para un programa de estabilización serio. Esa insuficiencia no es una opinión editorial: en abril de 2026 la directora gerente del FMI dijo que la “adecuación de datos” de Venezuela “falls very short”, y la colocó como prioridad número uno antes de cualquier programa.

Ese dato cambia por completo la discusión. Un país sin buena data no solo sabe menos sobre sí mismo: decide peor, contrata peor, recauda peor y se supervisa peor. En Venezuela, por tanto, la reconstrucción energética no puede separarse de una reconstrucción elemental de información pública, trazabilidad contable y capacidad regulatoria. Si no hay inventario de activos, contratos, flujos de caja, pasivos, infraestructura crítica y datos operativos creíbles, el sector puede reactivarse parcialmente, pero no podrá convertirse en palanca confiable de reconstrucción nacional.

3. La restricción económica: la ventana existe, pero obliga a velocidad con disciplina

La IEA prevé que la demanda mundial de petróleo siga creciendo hasta el final de la década, pero a un ritmo claramente menor y con posibilidad de leve caída en 2030 bajo políticas y tendencias actuales. OPEC, en cambio, sostiene que la demanda seguiría expandiéndose hasta 2050 y rondaría 123 millones de barriles diarios. Esta divergencia no debe leerse como permiso para improvisar, sino como señal de que Venezuela tiene que moverse con doble conciencia: aprovechar la ventana sin suponer que será eterna.

En paralelo, la realidad operacional muestra que sí hay capacidad para mejorar producción y exportación en el corto plazo. Reuters reportó que la producción venezolana, incluyendo condensados y líquidos de gas, alcanzó 1,1 millones de barriles diarios en marzo de 2026, frente a 942.000 en enero; y que las exportaciones de crudo y combustibles superaron 1 millón de barriles diarios en marzo por primera vez en seis meses. Eso confirma que el sector todavía puede mover la aguja. Pero también deja ver el riesgo: subir volúmenes antes de fijar bien contratos, agencia regulatoria y reglas de caja puede hacer que la velocidad económica supere a la capacidad institucional.

4. La restricción física: sin gas y sin electricidad, la apertura queda coja

Pensar la recuperación energética como puro petróleo sería un error de arquitectura. El gas y la electricidad no son anexos; son condiciones habilitantes. El EIA recuerda que Venezuela posee reservas significativas de gas —195 Tcf en 2023, equivalentes al 73% del total sudamericano según esa fuente—, pero también que buena parte del gas producido se reinyecta, se desperdicia o se quema por falta de infraestructura, inversión y reglas de monetización. El mismo informe señala que la producción gasífera cayó de 1,12 Tcf en 2001 a 563 Bcf en 2021 y que el país carece de infraestructura suficiente de reinyección, almacenamiento, distribución y suministro.

La ineficiencia llega al extremo del flaring. El Banco Mundial ubica a Venezuela entre los nueve países que más gas quemaron en 2024 a escala global. Eso no es solo un problema ambiental; es un síntoma de derrota estatal: gas que podría alimentar electricidad, petroquímica, consumo industrial o exportación termina convertido en pérdida, emisiones y menor productividad sistémica.

Algo parecido ocurre con la electricidad. El EIA indica que en 2021 el 64% de la generación eléctrica venezolana dependía de hidroelectricidad. Esa concentración, combinada con deterioro de red, fallas de respaldo térmico y debilidad de mantenimiento, vuelve a la electricidad una infraestructura de soberanía en sentido literal: sin red estable no hay industria, no hay servicios modernos, no hay recuperación territorial pareja y no hay legitimidad rápida de la reconstrucción.

Qué significa, entonces, “empezar por energía”

Significa empezar por cinco decisiones de Estado, no por una cifra de barriles.

Primera decisión: separar funciones

La función de definir política no debe confundirse con la de regular, y ninguna de las dos debe confundirse con operar. Allí está uno de los nudos del problema venezolano. Mientras el mismo aparato aspire a ser propietario, operador, regulador, contratista, pagador y caja, la opacidad no será una desviación: será la lógica normal del sistema. La serie ya apuntó la necesidad de distinguir PDVSA, agencia y fondo. Esa intuición debe volverse doctrina de reconstrucción.

Segunda decisión: reconstruir capacidad antes de repartir discreción

La prioridad inmediata no debe ser repartir nuevas facultades excepcionales, sino crear una capacidad mínima para ejercerlas bien. Eso incluye inventario de activos, revisión de contratos vigentes, tablero único de producción y exportación, trazabilidad de flujos, equipo técnico regulatorio, reglas de procurement y cronograma de publicación periódica. La evidencia de 2026 apunta precisamente a que, aunque hubo reforma legal, los inversionistas siguen esperando los modelos contractuales concretos. Eso es una señal de advertencia: la ley abre, pero la administración aterriza. Y si la administración no aterriza, la incertidumbre vuelve.

Tercera decisión: usar el gas como bisagra de la transición, no como subproducto olvidado

Un país con la estructura energética venezolana no puede darse el lujo de tratar el gas como residuo del petróleo. El gas es la pieza que conecta producción de hidrocarburos con generación térmica, industria, sustitución de pérdidas y reducción de flaring. Además, la discusión actual entre Eni, Repsol y PDVSA sobre posibles exportaciones desde Cardón IV confirma que el gas ya está entrando de nuevo en el radar estratégico, aunque todavía sin cierre definitivo. Eso refuerza una conclusión: Venezuela no puede diseñar su reconstrucción energética como simple expansión de crudo pesado. Debe pensarla como sistema integrado de petróleo, gas y electricidad.

Cuarta decisión: blindar la caja antes de que la caja vuelva a mandar

Toda apertura energética que no defina con anticipación cómo se registran, publican y distribuyen los ingresos está incubando una recaída. La renta no destruye al país por existir. Lo destruye cuando entra sin regla, sin publicación y sin restricción al uso político. Por eso la pregunta “quién manda en la renta” es más importante que la pregunta “cuánta renta entra”. La serie ya abrió correctamente ese camino; lo que corresponde ahora es convertirlo en secuencia concreta de reforma fiscal y de gobernanza del ingreso.

Quinta decisión: entender que la energía es una reforma de poder, no solo un sector económico

Toda reorganización seria del sector energético redistribuye poder. Pierden margen quienes viven de la mezcla entre nombramiento, arbitraje contractual, opacidad operativa y control centralizado de caja. Ganan espacio quienes prefieren reglas impersonales, contratos verificables, gobierno corporativo y rendición de cuentas. Por eso la reconstrucción energética nunca será políticamente neutra. No enfrenta solo desafíos de inversión; enfrenta vetos de burocracias, redes de contratación, operadores territoriales y actores acostumbrados a capturar discrecionalidad. Ese mapa de actores debe hacerse explícito en el siguiente post. La economía política no es un complemento del diseño; es su condición de posibilidad.

Qué puede hacerse ya, qué no, y dónde debe empezar el Estado

En esta pieza conviene dejar una definición nítida. Lo primero no es firmar más acuerdos. Lo primero es crear el centro de mando de la reconstrucción energética. Eso implica, como mínimo:

• una instancia política que fije estrategia y prioridades;

• una unidad técnica que consolide datos, contratos e inventario;

• una ruta de separación funcional entre política, regulación y operación;

• una agenda urgente de gas y electricidad asociada a la recuperación petrolera;

• y una regla provisional de publicación de ingresos, contratos y métricas.

No todo eso exige reforma constitucional. Mucho puede arrancar por rediseño administrativo, reglamento, lineamientos de contratación y reordenamiento orgánico. Pero lo crucial es entender la secuencia: primero mando y datos; luego contratos y expansión; después institucionalización duradera. Si el orden se invierte, la expansión corre más rápido que la República. Y cuando eso ocurre, la caja vuelve a capturar al Estado.

Cinco métricas auditables para saber si la reconstrucción empezó bien

1. Producción neta y exportaciones efectivas, distinguiendo crudo, condensados y derivados, para separar recuperación real de simple drenaje de inventarios.

2. Publicación de contratos, adendas y criterios de adjudicación, porque sin trazabilidad contractual no hay apertura seria.

3. Volumen de gas aprovechado versus gas quemado, para medir si el país está monetizando energía o destruyéndola.

4. Disponibilidad eléctrica en nodos productivos clave, no solo cobertura agregada nacional.

5. Frecuencia y calidad de publicación estadística económica y sectorial, porque sin datos confiables no hay ni estabilización ni financiamiento externo sostenible.

La conclusión es esta: Venezuela debe empezar gobernando la energía, no explotándola a ciegas

La reconstrucción sí debe empezar por energía, pero no por el barril como consigna. Debe empezar por el mando sobre la energía. Eso significa separar funciones, reconstruir capacidad estatal mínima, usar el gas como bisagra, tratar la electricidad como infraestructura de Estado y fijar desde el inicio reglas de caja y de publicación. Sin esa arquitectura, más producción solo traería otra aceleración de renta opaca. Con esa arquitectura, petróleo, gas y electricidad pueden financiar estabilización, recuperar legitimidad estatal y abrir una transición menos dependiente y más seria.

Ese es el punto de partida correcto.

Lecturas breves

Daniel Yergin — The Prize.
Sigue siendo uno de los mejores libros para entender por qué la energía nunca es solo economía: siempre es poder, Estado, geopolítica e instituciones.

Francisco Monaldi — The Collapse of the Venezuelan Oil Industry: The Role of Above-Ground Risks Limiting FDI. Es útil porque demuestra que el desastre petrolero venezolano no se explica solo por precios o geología, sino por riesgo político, destrucción institucional y arbitrariedad estatal.

Ahora corresponde decir la verdad política: esta reforma no fracasará por falta de diagnóstico; fracasará si no se enfrenta a quienes perderían poder con ella. Y esos actores existen, están distribuidos dentro y fuera del Estado, y tienen incentivos muy claros para resistir.

Partidos y facciones en disputa

El primer bloque de resistencia lo forman los partidos y facciones políticas que entienden la administración como sistema de colocación, patronazgo y control territorial. Para ellos, una carrera administrativa real, con concursos obligatorios y reducción del libre nombramiento, significa perder capacidad de premiar lealtades, financiar redes y ocupar el Estado tras cada elección. En Venezuela, donde el presidencialismo y la colonización burocrática han operado como mecanismos clásicos de reproducción del poder, esa pérdida no es menor. Por eso la reforma del servicio civil no debe presentarse como una mejora técnica neutra. Debe presentarse como lo que es: una expropiación institucional del botín partidista. (government.se)

Sindicatos del chavismo

El segundo bloque lo forman partes de los sindicatos del sector público (en manos del chavismo), especialmente aquellos que, en vez de defender carrera, evaluación y profesionalización, han terminado adaptándose a un ecosistema donde estabilidad informal, discrecionalidad y negociación política sustituyen una carrera real. No todos reaccionarán igual. Habrá sindicalismo que gane con la profesionalización. Pero también habrá organizaciones que vean en la reforma una amenaza porque expone ausentismo, opacidad, asimetrías y arreglos de facto. Aquí la clave es política: la coalición reformista debe partir el bloque sindical, aislando al sindicalismo rentista y sumando al sindicalismo que quiera carrera, estabilidad por mérito y salarios ligados a desempeño real.

Los eternos de siempre

El tercer bloque lo integran las redes clientelares dentro del Estado. No siempre tienen rostro partidista visible. A veces son estructuras intermedias de recursos humanos, compras, autorizaciones, nombramientos, certificaciones o disciplina administrativa que viven precisamente de la arbitrariedad. Toda simplificación, interoperabilidad y trazabilidad les quita renta. Estonia enseña algo importante aquí: cuando la información se mueve entre instituciones y deja trazabilidad digital, la discrecionalidad cotidiana se reduce drásticamente. Por eso una capa interoperable no solo mejora servicios; también destruye pequeñas economías de peaje dentro del Estado. (e-estonia.com)

Los que quieren seguir y no tienen cómo

El cuarto bloque lo forman los jueces provisionales y la cadena de dependencia construida alrededor de la provisionalidad judicial. Una carrera judicial de verdad, con concursos periódicos, estabilidad y disciplina garantista, quitaría poder a quienes hoy se benefician de un sistema donde demasiados jueces dependen menos de una carrera consolidada que de la tolerancia de la cúspide. Aquí el problema no es moral; es estructural. La provisionalidad crea obediencia. La carrera crea autonomía. Y por eso el paso de una a otra no será pacífico. La OCDE ha insistido en que la confianza institucional depende de dignidad, seguridad y prosperidad; sin justicia predecible, ninguna de esas tres se sostiene. (oecd.org, oecd.org)

Operadores de trastienda

El quinto bloque está en las cúpulas burocráticas y operadores del TSJ que perderían control si la administración judicial se separa mejor de la función jurisdiccional, si los concursos pasan a ser obligatorios y si la disciplina deja de operar como palanca de subordinación. No se trata aquí de demonizar personas, sino de identificar incentivos. Toda concentración de gobierno judicial genera beneficiarios. Y esos beneficiarios rara vez entregan poder voluntariamente.

Los que quieren heredar poder total

El sexto bloque está en los ministerios y órganos ejecutivos que hoy controlan nombramientos, escalafones informales y cadenas técnicas. Para ellos, separar formulación política y ejecución administrativa equivale a perder capacidad de colonización. El ejemplo sueco prueba precisamente lo contrario: cuando los ministerios se concentran en dirección política y las agencias ejecutan, el Estado gana capacidad. Pero el actor que hoy controla el nombramiento discrecional suele percibir esa ganancia sistémica como pérdida personal. (government.se)

Con eso ya podemos responder de forma explícita a la matriz de economía política.

Quién gana

Gana el ciudadano, porque enfrenta menos arbitrariedad y más previsibilidad. Gana el contribuyente, porque un Estado más profesional gasta mejor. Ganan los buenos funcionarios, porque dejan de competir con la lealtad partidista. Gana el empresariado formal, porque la justicia y la administración se vuelven menos erráticas. Ganan regiones y gobiernos subnacionales si la reforma se acopla con descentralización seria. Gana, en el largo plazo, cualquier coalición democrática que quiera gobernar con instituciones y no con milicias burocráticas.

Quién pierde

Pierden partidos que usen el empleo público como botín. Pierden redes clientelares internas. Pierden cúpulas administrativas que dependen de la opacidad. Pierden sectores sindicales que viven mejor en el desorden que en la profesionalización. Pierden operadores judiciales que extraen poder de la provisionalidad. Pierden ministerios que hoy usan nombramientos técnicos como palanca política.

Quién bloquea

Bloquean quienes pierden capacidad de nombrar, remover, retrasar, certificar o disciplinar discrecionalmente. Bloquean también quienes temen que una administración profesionalizada limite el margen de maniobra de un nuevo gobierno. Y bloquean, por supuesto, quienes confunden control político con gobernabilidad.

La pregunta decisiva, entonces, es qué coalición haría viable la reforma. Aquí no sirve una alianza puramente tecnocrática. La coalición reformista debe unir cinco actores.

Primero, liderazgo presidencial claro. Sin voluntad de la cúspide, la reforma muere en el aparato.
Segundo, equipo económico y político que entienda que sin Estado funcional no habrá crecimiento sostenido.
Tercero, funcionarios y profesionales públicos que sí quieren carrera, estabilidad y reglas.
Cuarto, sectores empresariales, académicos y sociales que demanden previsibilidad y no botín.
Quinto, apoyo ciudadano visible, porque ninguna reforma que toque privilegios burocráticos sobrevivirá si se percibe como pelea intraélite.

Chile enseña algo importante aquí: el Sistema de Alta Dirección Pública nació de un acuerdo político-legislativo entre gobierno y oposición en 2003. Esa lección es crucial. Las reformas administrativas duraderas rara vez nacen de una facción sola; necesitan una coalición amplia que entienda que perder una parte del botín hoy es la condición para tener un Estado más gobernable mañana. (serviciocivil.cl)

La secuencia de poder también debe ser explícita.

En los primeros 100 días, la coalición debe aprobar un paquete inicial de reglas: moratoria de nombramientos discrecionales masivos, auditoría de nómina pública, censo de jueces titulares y provisionales, y diseño de autoridad rectora del servicio civil.

En los primeros 12 meses, debe reformarse la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el paquete judicial básico, además de lanzar concursos piloto y rediseñar la administración judicial.

En el horizonte de 3 a 4 años, la prioridad es consolidar una nueva normalidad: agencias con carrera técnica, alta dirección pública profesionalizada, concursos judiciales periódicos, disciplina con garantías e interoperabilidad estatal sobre una capa de datos común.

La conclusión debe ser tajante. Esta reforma no se cae por falta de ideas. Se cae si no se construye una coalición capaz de quitarle a la política, a la burocracia y a la provisionalidad una parte del poder que hoy ejercen sin reglas. Ésos son los perdedores reales. Y justamente por eso la reforma vale la pena.

Lectura breve

Merilee Grindle — “Jobs for the Boys”
Un libro clásico sobre patronazgo, reforma administrativa y por qué profesionalizar el Estado siempre implica enfrentar intereses políticos organizados. Ideal para entender que el problema nunca es solo técnico.

La primera experiencia que importa es Suecia. El problema que Suecia resolvió no fue la ineficiencia burocrática en abstracto. Fue algo más fino y más importante: cómo evitar que la política del día a día capture la administración ordinaria del Estado.

Dualismo Ejecutivo

La herramienta central fue el llamado dualismo ejecutivo: ministerios relativamente pequeños y agencias administrativas separadas, con una prohibición constitucional de la injerencia ministerial en decisiones individuales de las autoridades. El propio gobierno sueco lo describe así: existe una división organizacional entre ministerios y agencias, y la Constitución prohíbe el ministerial rule. Además, el Yearbook de las oficinas gubernamentales recuerda que en 2022 el Gobierno sueco operaba con la Oficina del Primer Ministro, once ministerios y la Oficina de Asuntos Administrativos, lo que refleja una estructura ministerial comparativamente contenida. (government.se, government.se)

El resultado de ese diseño es claro: más continuidad administrativa, más memoria institucional y menos posibilidad de que cada ministro gobierne el expediente como si fuera asunto personal o partidista. Lo que no funcionaría en Venezuela sería copiar el modelo como si la confianza cívica sueca existiera aquí. Lo transferible no es la cultura; es la regla. Sí debemos copiar la separación entre formulación política y ejecución administrativa. No debemos copiar la ingenuidad de pensar que esa separación se sostendrá sola sin blindajes legales y disciplinarios más duros que los suecos. (government.se)

No reparto partidista

La segunda experiencia es Chile. El problema que Chile intentó resolver fue muy concreto: cómo profesionalizar la dirección superior del Estado después de una crisis de confianza y sin entregar toda la administración al reparto partidista. El instrumento fue el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), creado en 2003 tras un acuerdo político-legislativo entre gobierno y oposición, con el objetivo de seleccionar directivos superiores mediante concursos públicos y transparentes. El Servicio Civil chileno lo dice sin ambigüedad: el sistema busca dotar al Estado de directivos con capacidad de gestión y liderazgo, y el Consejo de Alta Dirección Pública regula los procesos y conduce los concursos para jefaturas superiores. (serviciocivil.cl, serviciocivil.cl)

El resultado fue importante, aunque incompleto. Chile no despolitizó por completo su aparato público, pero sí creó una capa institucional que hizo mucho más difícil que todos los nombramientos directivos dependieran exclusivamente de confianza partidista. Ésa es la lección útil. Lo que no debemos copiar es la idea de que basta con crear concursos para resolver el problema. Chile también muestra que si la política encuentra atajos, la meritocracia se erosiona. Lo transferible para Venezuela es la institucionalización de concursos, perfiles, comités y autoridad rectora. Lo que no es transferible sin adaptación es el supuesto de que esos mecanismos sobrevivirán sin un blindaje mucho más duro contra el presidencialismo y la colonización partidista. (serviciocivil.cl, serviciocivil.cl)

Interoperar

La tercera experiencia es Estonia. El problema que resolvió no fue “digitalizar el gobierno” como consigna, sino hacer interoperable el Estado para que la información viaje entre instituciones y deje de recaer sobre el ciudadano. El instrumento fue X-Road, que e-Estonia define como una capa segura y unificada de intercambio de datos entre organizaciones públicas y privadas y como la backbone del ecosistema digital estonio. La propia plataforma oficial también destaca que X-Road conecta cientos de bases de datos, y e-Estonia ha reportado que esa arquitectura ahorra a los estonios cientos de años de trabajo acumulado cada año. (e-estonia.com, e-estonia.com)

El resultado es el que América Latina casi nunca consigue: un Estado que reutiliza datos, reduce fricción y hace que los servicios se monten sobre una infraestructura común. Lo transferible a Venezuela es clarísimo: identidad digital robusta, capa interoperable, trazabilidad de datos y rediseño de procesos. Lo que no es transferible sin adaptación es la idea de que un país con crisis eléctrica, conectividad desigual y administración fragmentada puede saltar directamente al frente visual del gobierno digital. No debemos copiar portales; debemos copiar arquitectura. (e-estonia.com)

Estas tres experiencias nos permiten condensar una conclusión de gabinete. Suecia resuelve la frontera entre política y administración. Chile resuelve parcialmente la selección meritocrática de directivos. Estonia resuelve la interoperabilidad como infraestructura. Ninguna de las tres “resuelve” a Venezuela. Pero juntas entregan exactamente el repertorio de instrumentos que el país necesita: ministerios más contenidos, agencias más profesionales, concursos reales, autoridad rectora del servicio civil y una capa digital interoperable. (government.se, serviciocivil.cl, e-estonia.com)

Conviene además fijar lo que no debemos hacer. No debemos copiar el aparato sueco como si Venezuela tuviera su cultura de cumplimiento. No debemos importar el SADP chileno como simple vitrina de concursos sin tocar el resto del sistema. No debemos repetir la patología latinoamericana de comprar software antes de rediseñar procesos. Y no debemos vender la comparación como maquillaje internacional de reformas domésticas tímidas. La utilidad de mirar afuera está en escoger herramientas, no en adquirir prestigio intelectual prestado. (government.se, serviciocivil.cl, e-estonia.com)

La conclusión, entonces, debe ser simple y fuerte. Nosotros no necesitamos copiar modelos. Necesitamos importar funciones. Separar política y ejecución. Seleccionar directivos por mérito. Construir interoperabilidad real. Ésas son las tres piezas internacionales que sí merecen entrar al diseño venezolano.

Ahora corresponde plantear la solución. Y la solución no puede consistir ni en nostalgia institucional ni en complacencia con el modelo vigente. No conviene volver mecánicamente al viejo Consejo de la Judicatura, pero tampoco conviene mantener un esquema donde el Tribunal Supremo concentra el gobierno judicial y la carrera opera de forma incompleta, intermitente o vulnerable a la provisionalidad. La tarea correcta es otra: diseñar un gobierno judicial profesional, limitado en sus potestades, con concursos obligatorios, disciplina con garantías y administración separada de la función jurisdiccional.

Esa es la arquitectura que hay que construir.

La historia institucional obliga a ser precisos. El Consejo de la Judicatura fue creado por la Constitución de 1961 para sacar el gobierno y la administración de los tribunales de la órbita directa del Ejecutivo; Laura Louza recuerda que su propósito fue liberar a los jueces de la interferencia del poder político y profesionalizar la judicatura. Pero esa solución degeneró: en los años ochenta y noventa, el Consejo terminó asociado a clientelismo, reparto y captura partidista. La Constitución de 1999 reaccionó eliminándolo y entregando al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial mediante el artículo 267. El problema es que esa corrección tampoco produjo una carrera judicial sana y estable; produjo concentración en la cúspide y una larga transición donde la excepcionalidad sustituyó a la institucionalidad.

Ésta debe ser nuestra primera conclusión categórica: el problema venezolano no era la existencia de un órgano de gobierno judicial; el problema era su captura. Y el problema actual no es solo la desaparición del Consejo; es la concentración del gobierno judicial sin suficientes contrapesos ni carrera efectiva. Por tanto, la reforma no debe discutirse como una elección binaria entre “volver al Consejo” o “dejar todo como está”. Debe discutirse como una pregunta de diseño: qué órgano, con qué funciones, con qué límites y con qué reglas de ingreso, evaluación y disciplina puede proteger mejor la independencia judicial.

La propuesta institucional

Nuestra propuesta es concreta: crear un Consejo de Gobierno Judicial nuevo, técnico y acotado, distinto del viejo Consejo de la Judicatura y distinto también del esquema actual de concentración administrativa en el TSJ.

Ese órgano no debe ser una cámara corporativa de jueces ni una oficina controlada por partidos. Debe ser una institución con funciones administrativas y de carrera, no jurisdiccionales. Su misión sería cinco cosas y nada más:

primero, organizar concursos de ingreso y ascenso en la carrera judicial;
segundo, administrar la carrera y la evaluación profesional;
tercero, gestionar la administración judicial ordinaria, recursos humanos y planificación;
cuarto, coordinar la formación judicial inicial y continua;
quinto, operar el sistema disciplinario con garantías y separación de funciones.

No debe nombrar jueces discrecionalmente fuera de concurso. No debe funcionar como centro político del sistema. No debe invadir la función jurisdiccional. Debe ser, precisamente, una barrera contra la captura. Esta propuesta es consistente con el hecho de que el artículo 255 constitucional ya exige concursos públicos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, mientras el artículo 267 hoy concentra gobierno y administración en el TSJ. La reforma debe redistribuir ese gobierno sin tocar el núcleo de independencia jurisdiccional.

Qué leyes hay que tocar

Aquí no sirven vaguedades. El paquete legislativo debe ser explícito.

1. Reforma integral de la Ley de Carrera Judicial

La propia ley vigente dice que su finalidad es asegurar idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces y regular ingreso, permanencia y terminación en la judicatura. El problema no es que esa finalidad falte; el problema es que el sistema real no la garantiza de manera suficiente. La reforma debe hacer obligatorios los concursos periódicos, establecer perfiles por nivel, publicar baremos, prohibir designaciones indefinidamente provisionales y convertir la evaluación en mecanismo regular de carrera.

2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Hoy el artículo 267 constitucional y la práctica asociada sitúan en el TSJ la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. La reforma legal debe descargar al Tribunal Supremo de las tareas ordinarias de administración y carrera, preservándole su rol jurisdiccional y de alta conducción constitucional, pero trasladando la administración profesional a un órgano especializado y con reglas más objetivas. La justicia no se fortalece cuando la cúspide concentra todo; se fortalece cuando cada función tiene su cauce.

3. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Aquí hay que reordenar estructura, competencias administrativas, apoyo técnico, mapa judicial y relación entre tribunales, administración y carrera. Esta ley debe ser el esqueleto del sistema, no una enumeración inerte. Debe fijar cómo se organiza la administración judicial territorial, cómo se asignan recursos, cómo se gestiona personal y cómo se mide desempeño institucional. La carrera judicial no puede vivir en el vacío organizacional.

4. Reforma del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana

La disciplina judicial no puede seguir siendo una zona gris donde se confunden control ético, castigo político y administración de carrera. Debe haber causales taxativas, debido proceso, órganos disciplinarios separados del nombramiento y publicidad suficiente de estándares y decisiones. Sin garantías disciplinarias, la estabilidad judicial seguirá siendo formalmente prometida y materialmente precaria. La CIDH ha insistido en que las garantías de permanencia y remoción solo por causas y procedimientos establecidos son esenciales para la independencia judicial.

Qué hacer con la transición

Aquí está una de las lecciones más duras de 1999. El Régimen de Transición del Poder Público creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial como instancia transitoria para sustituir al extinto Consejo de la Judicatura. El problema fue que lo transitorio se prolongó y se convirtió en forma de gobierno. Eso no puede repetirse. Nuestra regla debe ser tajante: toda transición judicial debe tener plazo cerrado, funciones tasadas y caducidad automática. Ningún órgano extraordinario debe poder instalarse como normalidad de facto.

Por eso proponemos que la reforma incorpore una disposición transitoria de dos etapas. En la primera, de doce meses, se auditan todos los cargos judiciales, se clasifica situación de titulares, provisionales, vacantes y suplencias, y se publica el mapa real de tribunales y recursos humanos. En la segunda, de dieciocho a veinticuatro meses, se abren concursos por bloques territoriales y funcionales, con cronograma obligatorio y supervisión pública. Lo que no puede ocurrir es una transición abierta que prolongue la provisionalidad bajo otro nombre.

Qué hacer con la provisionalidad

La provisionalidad es el corazón del problema. Si el juez sabe que su permanencia depende menos del concurso y más de la tolerancia de la cúspide, la independencia queda erosionada desde dentro. Por eso proponemos una regla simple y fuerte: ninguna designación provisional debe durar más de un plazo corto y fatal sin convocatoria obligatoria a concurso. Si el concurso no se abre, la autoridad administrativa debe responder institucionalmente por incumplimiento. La carrera judicial no puede seguir siendo un ideal normativo con excepciones permanentes.

Cómo debe integrarse el nuevo órgano de gobierno judicial

Aquí también hay que ser concretos. No sirve una institución integrada solo por jueces en ejercicio ni una integrada por cuotas partidistas. Nosotros proponemos una composición mixta y limitada:

• jueces de carrera elegidos por sus pares en proporción minoritaria;

• representantes técnicos del sistema de justicia escogidos por concurso público;

• académicos o juristas de reconocida trayectoria con requisitos estrictos de incompatibilidad;

• y participación no dominante del TSJ en la definición estratégica, pero no en la administración cotidiana.

Además, los integrantes deben tener mandato fijo, incompatibilidades severas, prohibición de militancia partidista activa reciente y causales estrictas de remoción. El principio es claro: quien gobierna la carrera judicial no puede ser ni comisario político ni delegado corporativo sin controles.

Qué no debemos hacer

También conviene fijar líneas rojas.

No debemos recrear el viejo Consejo de la Judicatura tal como existió.
No debemos mantener la administración judicial enteramente absorbida por la cúspide jurisdiccional.
No debemos dejar la carrera judicial entregada a un régimen transitorio o provisional.
No debemos tratar la disciplina como mecanismo de obediencia.
No debemos confundir independencia con autogobierno sin rendición de cuentas.

La conclusión operativa

Nosotros ya planteamos el diagnóstico. La solución ahora debe quedar fijada en una frase:

La justicia venezolana necesita salir de la excepción y entrar en carrera.

Eso significa tres cosas al mismo tiempo:

• concursos de verdad;

• administración judicial profesional y separada;

• y disciplina con garantías.

Sin ese trípode, el país seguirá oscilando entre captura vieja y captura nueva. Con ese trípode, empieza a construirse algo más difícil y más serio: un Poder Judicial que no dependa ni del ministro de ayer, ni del partido de hoy, ni de la transición eterna de mañana.

Lectura breve

Laura Louza — “La independencia del Poder Judicial a partir de la Constitución de 1999”.
Explica con claridad el tránsito Ministerio de Justicia → Consejo de la Judicatura → TSJ, y por qué ni la captura del viejo modelo ni la transición posterior resolvieron la carrera judicial.

La propuesta debe formularse sin ambigüedad: la primera reforma del Estado venezolano es la despartidización de la administración pública y de la justicia. Eso exige reconstruir dos columnas que fueron demolidas o vaciadas: la carrera administrativa y la carrera judicial. La Constitución de 1999 dejó bases normativas para ambas. El problema no fue la ausencia total de regla. Fue la destrucción sistemática de su cumplimiento.

El punto de partida, por tanto, no es una nueva teoría del Estado. Es una decisión práctica: sacar del botín político los cargos que deberían estar protegidos por mérito, estabilidad y reglas objetivas.

I. La primera solución: reconstruir la carrera administrativa

Aquí debemos ser precisos. Venezuela no necesita solo “mejorar” la gestión pública. Necesita restablecer una función pública de carrera. Eso significa volver a un sistema donde el ingreso ordinario sea por concurso, el ascenso dependa de evaluación y desempeño, la permanencia no dependa de lealtad partidista y los cargos de libre nombramiento sean realmente excepcionales.

La reforma concreta empieza por tres piezas.

1. Reforma integral de la Ley del Estatuto de la Función Pública

Ésta debe ser la primera ley en entrar al paquete.

No basta con tocarla superficialmente. Hay que reescribir sus reglas centrales para:

• restablecer el concurso como regla general de ingreso;

• reducir drásticamente el universo de cargos de libre nombramiento y remoción;

• crear perfiles obligatorios para cargos de carrera;

• establecer evaluación periódica con efectos reales;

• ordenar movilidad, ascensos y salidas con criterios verificables;

• y blindar al funcionario técnico frente a la remoción arbitraria.

La vieja Ley de Carrera Administrativa ya no existe jurídicamente. Fue derogada. El punto no es restaurarla como reliquia. El punto es reponer su función histórica con un régimen mejor diseñado y más difícil de capturar.

2. Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Esta segunda pieza es igual de importante, porque una carrera administrativa seria no puede operar en un Ejecutivo mal organizado.

Aquí la propuesta es institucionalmente clara:

• los ministerios deben formular política, coordinar y evaluar;

• las agencias, institutos y servicios deben ejecutar;

• la cadena técnica no debe depender de la discrecionalidad cotidiana del ministro;

• y cada órgano debe tener mandato, competencias y métricas claras.

Nosotros no necesitamos ministerios convertidos en maquinarias de colocación política. Necesitamos ministerios pequeños, con capacidad estratégica, y brazos ejecutores profesionalizados.

3. Creación de una Autoridad Nacional del Servicio Civil

Ésta es una propuesta que conviene explicitar.

Venezuela necesita una autoridad rectora de la función pública profesional, con autonomía técnica suficiente para:

• diseñar concursos;

• certificar perfiles;

• supervisar procesos de selección;

• auditar cumplimiento de reglas de carrera;

• consolidar data nacional de empleo público;

• y publicar indicadores de rotación, vacantes, concursos, sanciones y desempeño.

Sin una institución rectora, la carrera administrativa volverá a fragmentarse y a degradarse ministerio por ministerio.

II. La segunda solución: reconstruir la carrera judicial y rediseñar el gobierno judicial

La justicia venezolana no se va a reformar con declaraciones solemnes sobre independencia. Se va a reformar cuando el país resuelva cómo se ingresa, cómo se asciende, cómo se disciplina y cómo se gobierna el Poder Judicial.

Aquí hay una lección histórica que no debemos simplificar. El Consejo de la Judicatura no fracasó porque fuera absurdo separar el gobierno judicial del Ejecutivo. Fracasó porque terminó capturado. Luego, su desaparición en 1999 no produjo una carrera judicial sana y estable. Produjo una larga transición, una gobernanza judicial excepcional y una expansión de la provisionalidad. El país pasó de una forma de captura a otra.

La propuesta concreta no puede ser nostalgia por el antiguo Consejo ni defensa del status quo actual. Debe ser una reconstrucción nueva del gobierno judicial con base en cuatro decisiones.

1. Reforma integral de la Ley de Carrera Judicial

El objetivo aquí es simple: hacer que el concurso deje de ser una ficción constitucional y pase a ser la vía real de ingreso y ascenso.

Eso implica:

• concursos públicos periódicos y obligatorios;

• perfiles técnicos por nivel y competencia;

• sistema de evaluación y promoción;

• protección de estabilidad para jueces de carrera;

• y publicación íntegra de resultados, puntajes y nombramientos.

La carrera judicial no puede seguir siendo una promesa constitucional con aplicación excepcional.

2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Hoy el problema no es solo quién juzga arriba. Es cómo se concentra el gobierno del sistema.

La reforma debe:

• limitar la discrecionalidad concentrada en la cúpula;

• redefinir la relación entre el TSJ y los órganos de administración judicial;

• separar con más nitidez función jurisdiccional y función de gobierno;

• y someter la administración judicial a reglas más objetivas, auditables y públicas.

La justicia no se independiza solo con jueces honestos. Se independiza también con una estructura de gobierno menos opaca y menos verticalmente arbitraria.

3. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Aquí el objetivo es reordenar el sistema, no declararlo.

Debe precisarse:

• estructura territorial;

• competencias de administración;

• régimen de carrera;

• relación entre tribunales, administración y disciplina;

• y criterios de distribución de recursos, apoyo técnico y supervisión.

La justicia venezolana necesita organización, no excepción permanente.

4. Reforma del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana

La disciplina judicial no puede seguir funcionando como amenaza política.

La reforma debe garantizar:

• debido proceso disciplinario;

• causales claras y taxativas;

• separación entre evaluación profesional y castigo político;

• y publicidad suficiente del régimen sancionatorio.

Sin garantías en disciplina, la carrera judicial seguirá siendo formalmente estable y materialmente vulnerable.

III. La reforma de fondo: separar conducción política y operación técnica

Hasta aquí hay dos carreras. Pero las dos dependen de una decisión mayor: separar política de administración.

Éste es el punto medular de la propuesta. Nosotros debemos dejar establecido que:

• el poder político gobierna prioridades;

• la administración ejecuta con profesionalidad;

• y la justicia resuelve bajo carrera, no bajo favor.

Esto obliga a cambiar la cultura de nombramientos, pero también la arquitectura legal.

La reforma venezolana debe producir tres fronteras claras:

Frontera 1: entre ministro y aparato técnico

El ministro no puede seguir siendo jefe político y operador de expedientes al mismo tiempo.

Frontera 2: entre nombramiento político y cargo profesional

No todo cargo del Estado puede seguir tratándose como cuota de confianza.

Frontera 3: entre gobierno judicial y control político

La disciplina y la administración judicial no pueden seguir operando como prolongación indirecta del poder político.

IV. La secuencia legislativa correcta

Esta parte debe quedar muy clara y muy concreta.

Paquete 1: función pública

1. Reforma integral de la Ley del Estatuto de la Función Pública

2. Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública

3. Ley especial o capítulo nuevo para crear la Autoridad Nacional del Servicio Civil

Paquete 2: justicia

4. Reforma integral de la Ley de Carrera Judicial

5. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

6. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

7. Reforma del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana

Paquete 3: implementación

8. Reglamento nacional de concursos administrativos

9. Reglamento nacional de concursos judiciales

10. Sistema público de indicadores de carrera, vacantes, concursos, ascensos, remociones y sanciones

V. La conclusión que debe quedar fijada

Nosotros ya planteamos el diagnóstico. Ahora la conclusión operativa debe ser inequívoca:

Sin carrera administrativa, el Ejecutivo seguirá siendo botín.
Sin carrera judicial, la justicia seguirá siendo dependencia.
Sin separación entre política y administración, cualquier modernización será decorado.

Por eso la primera reforma del Estado no debe venderse como digitalización, ni como simplificación, ni como organigrama. Debe presentarse por lo que realmente es: una reforma de poder para quitarle a la política el control arbitrario sobre la administración y sobre la justicia.

Ése es el punto de partida verdadero.

La experiencia de su segundo gobierno importa por otra razón: mostró que Venezuela sí podía abrir una ventana de reforma institucional, pero también mostró que sin coalición política para despartidizar el aparato público, esa ventana terminaba quedándose a mitad de camino.

Ésa es la enseñanza central para esta serie. La primera reforma del Estado no es digital. No es comunicacional. No es siquiera organizativa en el sentido superficial del término. La primera reforma es política: decidir si el Estado va a seguir siendo un botín de facciones o si va a empezar a operar bajo reglas, mérito y división real entre conducción política y ejecución administrativa.

Esto comienza con la COPRE

La historia de esa oportunidad empieza antes de CAP. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) fue creada en 1984, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, y elaboró un conjunto de propuestas para reformar el sistema político y administrativo venezolano. El estudio de Emilio Conde muestra que la COPRE formuló un Proyecto de Reforma Integral del Estado y, dentro de él, unas Propuestas de Reformas Políticas Inmediatas para adelantar cambios urgentes. Entre esas propuestas estaban la elección directa de gobernadores y alcaldes, la democratización interna de los partidos y una redefinición del vínculo entre centro y territorio. Cosa prometida el 23 de enero de 1988 por CAP en el merco del inicio de su carrera por la candidatura de AD para las elecciones presidenciales de ese año.

Lo importante aquí no es solo la lista. Lo importante es que Venezuela ya había identificado, antes de 1989, que el problema del Estado era también un problema de concentración política, de partidización y de cierre institucional.

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez heredó esa agenda y abrió una ventana para empujar parte de ella. La evidencia histórica coincide en que uno de los cambios más importantes del período fue la descentralización política. La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, promulgada a fines de 1989, tuvo por objeto desarrollar principios constitucionales para promover la descentralización administrativa y delimitar competencias entre el poder nacional y los estados. Ese cambio acompañó un hecho decisivo: en 1989 se realizaron por primera vez elecciones directas de gobernadores y alcaldes, rompiendo con el esquema previo en el que los gobernadores eran designados por el presidente. No fue una reforma menor. Fue una ruptura con uno de los mecanismos clásicos del presidencialismo centralizador venezolano. Esto, a su vez, dinamitó a la coalición de poder, perjudicando al Selectorado que sostenía a la Democracia.

Ésa es la primera conclusión categórica que debemos sacar de CAP: cuando Venezuela se tomó en serio la reforma política del Estado, lo primero que tocó fue el poder, no el software. Tocó el modo de selección de autoridades territoriales, tocó la distribución de competencias y tocó la relación entre centro y periferia. La descentralización no resolvió todos los problemas del aparato público, pero sí demostró que la modernización estatal comienza cuando se redistribuye poder y se crean nuevos incentivos institucionales.

Pero allí está también el límite del ciclo CAP. La reforma avanzó en descentralización, pero no logró transformar suficientemente la lógica de control partidista sobre la administración. El problema no era solo elegir gobernadores y alcaldes. El problema era que la maquinaria central seguía organizada en buena medida como un espacio de reparto y colonización política. El propio análisis histórico sobre la reforma del Estado en Venezuela subraya que la COPRE había concebido la reforma como proceso integral, pero que la implementación real fue parcial, pactada y atravesada por resistencias de los propios actores partidistas. Esa es una lección que no admite maquillaje: la coalición que dice querer reformar el Estado suele ser la primera en bloquear la parte de la reforma que le quita control sobre cargos, nombramientos y redes burocráticas.

Por eso este post debe entrar en lo concreto: qué leyes deben tocarse si de verdad queremos completar la reforma que CAP solo abrió parcialmente.

Entonces qué hacer

Servicio Civil

La primera es la Ley del Estatuto de la Función Pública, porque hoy sigue siendo la norma central que regula el empleo público y porque fue la que derogó expresamente la vieja Ley de Carrera Administrativa. Jurídicamente, la Ley de Carrera Administrativa de 1970 ya no rige; políticamente, sin embargo, su desmantelamiento terminó siendo parte de una historia más amplia de degradación del mérito. No debemos idealizar aquel régimen, pero sí decir con claridad que el chavismo destruyó lo que quedaba de la idea de carrera como columna vertebral del servicio civil. La reforma pendiente consiste en reconstruir un sistema donde el concurso vuelva a ser regla, los cargos de libre nombramiento sean verdaderamente excepcionales y la evaluación de desempeño tenga efectos reales sobre ascenso y permanencia.

Separar

La segunda es la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque allí se juega la estructura del Ejecutivo, la relación entre ministerios y entes descentralizados y, por tanto, la posibilidad real de separar formulación política de ejecución técnica. Éste es exactamente el punto donde la lección sueca se vuelve útil: si no separamos órganos que piensan y coordinan de órganos que ejecutan, el Estado seguirá mezclando estrategia, operación y clientela en una sola caja. CAP abrió una discusión sobre reforma del Estado, pero Venezuela nunca completó esa traducción institucional de forma consistente.

Retomar

La tercera es la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, no para abandonarla, sino para devolverle densidad y coherencia. La descentralización venezolana fue una de las grandes reformas del ciclo CAP, pero luego sufrió recentralización, vaciamiento y reinterpretaciones que le quitaron potencia. Si vamos a hablar de Estado subsidiario con servicios que funcionen, necesitamos una descentralización real de competencias y responsabilidades, no solo retórica territorial. Eso significa revisar competencias, financiamiento, reglas de coordinación y capacidad ejecutiva subnacional.

Eliminar provisionalidad

La cuarta pieza es la carrera judicial, y aquí CAP también deja una advertencia dura. La vieja crisis de la justicia venezolana no empezó con Chávez. Venía de antes, entre otras cosas, por la percepción de corrupción, clientelismo y reparto dentro del sistema. Esa es la historia del Consejo de la Judicatura: nació en la Constitución de 1961 para sacar el gobierno judicial de la órbita directa del Ministerio de Justicia, empezó a funcionar en 1969 y, sin embargo, terminó degradándose en una estructura fuertemente asociada al reparto partidista y al amiguismo. Laura Louza explica que el problema no fue la idea de contar con un órgano de gobierno judicial separado, sino que ese órgano quedó capturado. La lección aquí es importantísima: crear una institución sin blindarla contra la captura solo cambia el nombre del problema.

La Constitución de 1999 eliminó el Consejo de la Judicatura y transfirió el gobierno y la administración del Poder Judicial al Tribunal Supremo de Justicia. También constitucionalizó los concursos de oposición para ingreso y ascenso en la carrera judicial. Pero la promesa de carrera no se consolidó. El Régimen de Transición del Poder Público creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial como órgano transitorio para sustituir al Consejo, y esa transición se prolongó de manera anómala. El resultado fue devastador: en lugar de una carrera judicial estable y normalizada, Venezuela quedó durante años atrapada en provisionalidad, excepcionalidad y disciplinamiento. La CIDH y Acceso a la Justicia han descrito precisamente esa prolongación de lo transitorio y su impacto sobre la independencia judicial.

Por eso las leyes judiciales también deben entrar en la reforma desde el comienzo: la Ley de Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. No para producir una “reforma judicial” declarativa, sino para reconstruir algo más elemental: ingreso por concurso, estabilidad por mérito, disciplina con garantías y una gobernanza judicial menos sometida a lógicas transitorias o políticas.

Aprender del pasado de forma asertiva

La lección final de CAP, entonces, debe formularse sin ambigüedad: la reforma del Estado no fracasa primero por falta de diagnóstico, sino por falta de decisión para tocar las bases políticas del botín. CAP tuvo una ventana histórica y logró empujar descentralización y apertura del sistema territorial. Pero no pudo transformar por completo la relación entre partidos y aparato público. Venezuela no necesita recordar ese ciclo como nostalgia ni como fracaso puro. Necesita leerlo como advertencia. Si la próxima reforma vuelve a centrarse en organigramas, narrativa o tecnología sin tocar carrera administrativa, carrera judicial, descentralización y separación entre política y ejecución, volveremos a producir una modernización aparente. Y el Estado seguirá siendo lo mismo con un léxico nuevo.

Lectura breve

Emilse Conde, “El proceso de reforma del Estado en Venezuela”.
Sirve para entender la lógica de la COPRE, la secuencia de reformas y por qué la reforma del Estado en Venezuela fue, desde el inicio, una disputa de poder antes que un simple ejercicio técnico. revisa este paper